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La Contraloría General de la República (CGR) inició el 15 de febrero de 2016 una auditoría a la Opaci sobre el ejercicio 2015, luego de las publicaciones de nuestro diario sobre las innumerables irregularidades en el manejo de la ONG.
La Opaci, sin ningún tipo de sustento legal, recauda millones utilizando a las 250 municipalidades de nuestro país. Cobra G. 10.000 en concepto de expedición y revalidación de licencias de conducir, además retiene ilegalmente un 0,20% sobre los montos por transferencias de bienes raíces y operaciones de crédito (hipotecas). Este es un impuesto genuino de las municipalidades, pero la Opaci bajo el ropaje de “deudas atrasadas” en muchos casos no transfiere a las comunas. Se estima que anualmente maneja en forma discrecional alrededor de G. 30.000 millones, provenientes de fondos públicos.
Alrededor de treinta observaciones se presentan en el informe de la CGR y en su mayoría hablan de deficiencias en el manejo de los recursos municipales. En el punto seis, por ejemplo, se menciona la falta de documentos de respaldo y composición de los saldos contables en concepto de préstamos internos por un importe total de G. 17.233 millones.
En otra observación, la número 15, cita que se encontró una diferencia de G. 4.655 millones entre los importes expuestos en la cuenta de ingresos “Otros recursos corrientes” y la cuenta de gastos “Transferencias” correspondiente a importes transferidos a las municipalidades al 31/12/2015.
El informe de la CGR también dice que la Opaci realizó pagos a miembros de la Junta Directiva en concepto de gastos de representación por un importe total de G. 87 millones sin contar con evidencia de su asistencia.
Además, falta de documentos respaldatorios de gastos de los meses de agosto, setiembre y noviembre del 2015 por un importe total de G. 406 millones, según el informe del ente de control. Asimismo, se encontró que la Opaci presentó facturas deficientes y no válidas como respaldo de rendición de cuentas por G. 1.444 millones y G. 1.619 millones, respectivamente.
La última advertencia de la CGR dice que los proveedores de la Opaci no se encuentran ubicados en la dirección descripta en el membrete de las facturas presentadas como respaldo de gastos, conforme verificación in situ. Es decir, no existen como tales.
Maniobras
La Contraloría General de la República nunca reveló el resultado de esta auditoría de Opaci hecha hace más de dos años. Nuestro diario reclamó insistentemente este informe. El último pedido fue el pasado 2 de marzo, pero no tuvimos respuesta. Este informe preliminar apareció solo después de que Opaci, presidida por la intendenta de Ybycuí, María del Carmen Benítez (ANR), solicitó la destitución de García, el 6 de marzo pasado. La “conclusión” es guardada celosamente por la CGR, a cargo de José Enrique García, imputado por producción y uso de documento público de contenido falso.
juan.jara@abc.com.py