Por débiles controles, continúa el despilfarro
Desde el 2012, los gobiernos departamentales y municipales reciben millonarios recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), para su utilización exclusiva en proyectos de inversión en educación. Sin embargo, muchos de esos fondos terminaron malversados o pasaron a engrosar cuentas personales tanto de intendentes como de gobernadores, en complicidad con sus concejales. Numerosas denuncias “duermen” en la Contraloría y la Fiscalía. La complicidad e impunidad existentes contribuyen a que políticos inescrupulosos sigan robando a miles de niños, especialmente del interior del país, el derecho a recibir educación de calidad.