9 de abril de 2025
El recurso extraordinario de casación interpuesto por la defensa del ex ministro del Interior Rafael Filizzola, contra el fallo de la Cámara de Apelaciones que anuló la prescripción del “caso comisarias”, fue declarado inadmisible por la Corte Suprema de Justicia. Ahora el juzgado de Garantías podrá fijar fecha para la audiencia preliminar al ex senador acusado de supuesta lesión de confianza, por un perjuicio casi G. 1200 millones al Estado.
El juez penal de Garantías N° 10 de la Capital, Yoan Paul López, rechazó in limine (sin estudio) un amparo constitucional promovido por tres funcionarios que fueron cesados de sus cargos de confianza, en contra del Ministerio de Economía y Finanzas. El magistrado concluyó que los accionantes debieron recurrir al fuero en lo contencioso administrativo.
El senador Rafael Filizzola (PDP) señaló que no pueden atribuirle la no ejecución de la póliza de incumplimiento de contrato, en relación a obras que se llevaron adelanto durante su administración al frente del Ministerio del Interior y que no cumplieron con lo contemplado. La Fiscalía lo acusa por presunta lesión de confianza.
El juez Yoan Paul López envió el pedido de desafuero del senador Rafael Filizzola por una causa de lesión de confianza abierta contra la administración del legislador cuando era ministro del Interior. Filizzola respondió que pedirá tratar sobre tablas el pedido en la próxima sesión.
A través de medios telemáticos, la audiencia de imposición de medidas de Paraguayo Cubas se llevó a cabo esta mañana. La defensa del expresidenciable solicitó la suspensión de la diligencia para que se realice de forma presencial, pero el juez denegó el pedido. El líder de Cruzada Nacional reaccionó lanzando improperios, además de amenazas hacia el magistrado y los fiscales de la causa.
El juez de Garantías Yoan Paul López hizo lugar al pedido de la fiscala Natalia Fúster y otorgó el sobreseimiento provisional a la exjueza en lo Civil y Comercial de la Capital Tania Carolina Irún Ayala, en el proceso que afronta por presunto prevaricato en la entrega de 310.000 hectáreas de tierra, ubicadas en la zona de seguridad fronteriza en la Región Occidental. Ahora la fiscalía tiene un año para pedir la reapertura del caso.