El ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Víctor Ríos se apartó de la Sala Penal que debe resolver tres recursos planteados en la causa del exgobernador de Presidente Hayes Óscar “Ñoño” Núñez. Esta decisión dilata la resolución de la apelación contra la condena a 11 años de cárcel, por el desvío de G. 42.500 millones de la institución departamental.
La exsenadora Kattya González (PEN), expulsada del Congreso por orden del Comando de Honor Colorado, denunció que la Corte Suprema retiene adrede su expediente y no remite a la Fiscalía, para evitar que avance su pedido de reposición a su banca. “Es una vergüenza”, manifestó la exlegisladora.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) no va a dudar un segundo para declarar inconstitucional cualquier acto de otro poder del Estado que cometa actos inconstitucionales, asegura el ministro Víctor Ríos, componente de la máxima instancia judicial. En esta entrevista califica de corajudo al juez que resolvió en contra de la decisión del Senado sobre el caso Erico Galeano.
El ministro de la Corte Víctor Ríos afirmó que los jueces tienen autonomía para avanzar en los procesos conforme a sus interpretaciones constitucionales, en el marco del debate sobre el des-desafuero. También refirió que no hay un plazo establecido para que la Sala Constitucional emita una resolución sobre la acción planteada por la Fiscalía.
El ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Víctor Ríos confirmó que hasta ahora el caso de los chats filtrados entre el abogado de Horacio Cartes y el fiscal Aldo Cantero no llegó a la máxima instancia judicial; sin embargo, acotó que esto podría ocurrir “en cualquier momento”.
El caso de Kattya González llegaría en breve hasta la Corte Suprema de Justicia (CSJ) porque la exsenadora sostiene que no se respetó el debido proceso, por ejemplo en el derecho a que le corra traslado el libelo y luego haga su defensa. Uno de los miembros de la máxima instancia judicial, Víctor Ríos, sostuvo que la doctrina señala que la Corte debe hacer respetar todo lo concerniente al debido proceso y a las garantías constitucionales.