30 de agosto de 2025
La jueza de Ejecución Sandra Kirchhofer no hizo lugar al pedido de libertad condicional solicitado por Fernando González Karjallo, hijo del usurero luqueño Ramón Mario González Daher (RGD) y condenado a 5 años de prisión por lavado del dinero proveniente de la usura. El mismo cumplirá su condena en febrero de 2027 y deberá seguir un tratamiento psicológico en la prisión para “mejorar las condiciones que lo impulsaron a delinquir”.
Con los camaristas José Waldir Servín, Cristóbal Sánchez y Gustavo Amarilla se integró la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que debe resolver la recusación planteada por una de las defensas en contra del ministro Alberto Martínez Simón, en la causa abierta a la esposa, el hijo y la nuera de Ramón González Daher.
El Tribunal de Apelación Penal de la Adolescencia, en mayoría, confirmó la resolución que elevó a juicio oral y público la causa que afronta la abogada Emma González Ramos, por haber patrocinado 155 denuncias falsas por supuesta estafa y apropiación contra las víctimas de usura de Ramón González Daher. La defensa de la letrada había planteado un recurso contra el rechazo del incidente de la nulidad de la acusación fiscal.
Mediante una cédula de notificación, la jueza penal de sentencia especializada en delitos económicos, Ana Rodríguez Brozon, notificó a los abogados defensores de Ramón González Daher la disposición de mantener la medida cautelar de embargo preventivo en el proceso de reparación del daño e indemnización a las víctimas de usura.
La jueza de Ejecución Penal Sandra Noelia Kirchhofer, dispuso el monitoreo médico constante al condenado por usura Ramón Mario González Daher. Es que, el informe remitido al juzgado refiere que su estado de salud es grave y podría presentar en cualquier momento “arritmia severa y muerte súbita”.
La Cámara de Apelaciones rechazó el último recurso planteado por la defensa del usurero luqueño Ramón Mario González Daher y confirmó la competencia del juzgado de Sentencia que tiene a su cargo el proceso de resarcimiento a las víctimas del condenado a 15 años de cárcel. Con esta decisión hay vía libre para proseguir con el estudio de los pedidos de indemnización realizados.