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Dentro del control del régimen económico se han pronunciado numerosas disposiciones internacionales que sientan posturas en los sistemas normativos de los Estados miembros. Uno de los instrumentos que se expone como acuerdo internacional, considerando innegable la lucha contra la corrupción como objetivo de política criminal, es aquella celebrada entre el 9 al 11 de diciembre de 2003, y conocida como “Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”, también denominada “Convención de Mérida”.