El Ministerio Público deberá reponer a una asistente fiscal, a la que además deberá abonar la diferencia del salario que le corresponde por el cargo. Así lo dispuso el Tribunal de Cuentas, al revocar una de las primeras decisiones que tomó Emiliano Rolón al asumir el cargo de fiscal general del Estado, al anular más de 400 ascensos y nombramientos dispuestos por su antecesora.
El contralor general de la República plantea ahora una ley que reglamente a las instituciones que pretendan recurrir al Tribunal de Cuentas para puentear a Contraloría. Excluyen a organización que pretendía dineral por pasamano de plata del “Almuerzo escolar”.
La mayoría cartista que domina la Cámara de Diputados aceptó el veto total del presidente Santiago Peña -y mandó al archivo- el proyecto de ley que pretendía eliminar el “puenteo” a la Contraloría General de la República (CGR), evadiendo sus controles recurriendo al Tribunal de Cuentas. Con esto, se usará a la Contraloría como “garrote” contra los enemigos, y el Tribunal de Cuentas para “blanquear a los amigos”, es decir, una “herramienta de apriete”, advirtieron opositores.
La Cámara de Diputados, con mayoría cartista y aliados, podría dar otra estocada a la transparencia, si acepta el veto del presidente Santiago Peña, que permite a intendentes y gobernadores “puentear” a la Contraloría General de la República en la rendición de cuentas.
La Cámara de Diputados tiene poco menos de un mes para tratar el proyecto de ley que pretende evitar que sigan puenteando a la Contraloría General de la República a través del Tribunal de Cuentas y hasta el momento solo tienen dictamen por el rechazo del cuestionado veto del presidente Santiago Peña.
El Tribunal de Cuentas rechazó el pedido de medida cautelar que plantearon los miembros del Consejo de Administración de la Caja de Jubilados Bancarios, que tienen mandatos vencidos, contra la resolución del Banco Central del Paraguay que dispuso la intervención de esta institución, hasta que se elijan nuevas autoridades. Conceder la medida de urgencia se confunde con el objeto de estudio del fondo de la demanda de los consejeros, lo que constituiría prejuzgamiento, argumentó el Tribunal.