20 de agosto de 2025
El Senado se prepara para sancionar mañana el proyecto de ley que pretende habilitar al Tribunal de Cuentas a juzgar cuentas públicas, una medida que críticos denominan como “blanquear” el puenteo de la Contraloría General de la República (CGR). El proyecto de ley propone crear de 2 a cuatro Tribunales de Cuentas.
El contralor Camilo Benítez fue rotundo en rechazar una propuesta de modificación de ley planteada en el Senado que pretende legalizar el “puenteo” a la Contraloría General de la República (CGR) a través del Tribunal de Cuentas. Dijo que, si avanzan, no solo abrirían la puerta a la corrupción, sino que habría que evaluar la “extinción” del ente contralor.
El Contralor Camilo Benítez entregó esta mañana al presidente de la Cámara de Diputados, el cartista Raúl Latorre, su informe anual de gestión, pero aprovechó para expresarle su “enorme preocupación” porque el próximo martes 15, la Cámara Baja pueda avalar por ley el “puenteo” a Contraloría a través del Tribunal de Cuentas, lo cual consideró será un “atentado contra la transparencia”.
Un Tribunal de Cuentas ratificó la resolución del Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, que en el 2023 rechazó la devolución de haberes caídos a un funcionario judicial que fue suspendido sin goce de sueldo tras ser procesado por presunta estafa y producción de documentos no auténticos. El empleado estatal fue sobreseído porque en noviembre de 2020 la Sala Penal concluyó que la causa prescribió, en consecuencia el sumario administrativo fue archivado.
El Tribunal de Cuentas se declaró competente para juzgar la rendición de gastos de la Municipalidad de Ciudad del Este en varios periodos correspondientes a la administración del intendente Miguel Prieto (YoCreo). Con esta decisión, los asesores del jefe comunal afirmaron que tienen razón en cuestionar que el pedido de intervención provenga de la Contraloría General de la República (CGR).
El Tribunal de Cuentas dejó sin efecto la destitución de un funcionario judicial, tras constatar la excesiva duración del sumario realizado por la Corte Suprema de Justicia. La decisión es consecuencia de la mora judicial.