20 de octubre de 2025
El Tribunal de Apelación de Delitos Económicos se declara incompetente para juzgar a la intendenta de Valenzuela Mirtha Fernández (PLRA) debido a que el monto de la nueva imputación por presunto daño patrimonial es menor a G. 600 millones.
Un Tribunal de Apelación otorgó una prórroga extraordinaria, de 6 meses, a la Fiscalía para que pueda culminar su investigación a Wilfrido Cáceres, exdirector administrativo de la Municipalidad de Asunción. Al mismo se lo indaga por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, por la construcción y ocultamiento de lujosos bienes, durante la pandemia por covid-19.
El intendente de Puerto Casado, Hilario Adorno (ANR-HC), recusó al Tribunal de Sentencia Especializado en delitos económicos y logró suspender el inicio de su juicio oral. La defensa del intendente casadeño, conformada por los abogados Cristóbal Cáceres Frutos y Víctor Dante Gulino, los mismos defensores que los senadores cartistas acusados Erico Galeano y Hernán David Rivas, argumentaron que ya no tienen confianza en el Tribunal, ya que dejaron participar a la prensa en la audiencia de revisión de medidas que se realizó el 2 de octubre pasado.
Un Tribunal de Apelación de la capital ratificó una condena a 20 años de cárcel para un guardia de seguridad que abusó de su propia hija desde los 9 años de edad. El caso fue denunciado por la madre de una compañera de colegio de la víctima, a la que esta reveló lo ocurrido, ante la sospecha de que había quedado embarazada a raíz de los abusos sufridos.
El Tribunal de Apelación de Boquerón, confirmó las altas condenas establecidas para los acusados de la “masacre de Taguató”, como quedó conocido el cuádruple homicidio ocurrido en la estancia chaqueña Taguató, ubicada a 140 km de Mcal. Estigarribia. El capataz y su pareja fueron sentenciados a 40 años de reclusión.
La Procuraduría General de la República (PGR) informó que esperan que este año se defina el recurso de nulidad que presentaron contra el laudo arbitral del fracasado metrobús, ante el tribunal de apelación en lo civil y comercial de la capital. Con esto se busca invalidar la sentencia que condena al Estado a pagar casi US$ 17 millones a la empresa Mota Engil.