Tratado de Itaipú

El Gobierno informó a través de un comunicado que ha dado unilateralmente por suspendidas las negociaciones con Brasil sobre el Anexo C del Tratado de Itaipú “hasta tanto se brinden las aclaraciones correspondientes” en relación con “la acción de inteligencia contra el Paraguay entre junio de 2022 y marzo de 2023″. Cabe preguntarse si son o se hacen. Cualquier suspensión le conviene a Brasil, no a Paraguay. Salvo que se confirmen las inquietantes sospechas de que dichas negociaciones están encaminadas para mantener en lo esencial el statu quo a cambio de pequeñas concesiones, le están sirviendo en bandeja otro pretexto para seguir postergando una revisión clave para nuestro país.

Dentro de 28 días, el Paraguay -en rigor algunos paraguayos, no todos- recordarán el 52º aniversario de la firma del Tratado de Itaipú para retornar, inmediatamente después, sin mucho esfuerzo, a sus ritos cotidianos.

El Tratado de Itaipú se mantuvo en estricto secreto hasta casi el día de su firma, el 26 de abril de 1973. Nuestro diario, que había acompañado a la delegación a Brasilia y que venía desde hacía tiempo solicitando insistente e infructuosamente una copia, solo pudo acceder al texto menos de 24 horas antes, lo que obligó a leerlo a las apuradas para hacer las primeras reflexiones, sin posibilidad de análisis profundo ni crítica previa. Más de medio siglo después se repite la triste historia. El embajador brasileño, José Antonio Marcondes, declaró que está próximo un acuerdo sobre el Anexo C, y la opinión pública paraguaya no tiene la más mínima idea de cuáles son los términos de esta revisión clave para los intereses y el futuro del país.

Desde la firma del Tratado de Itaipú en 1973, la gestión de la energía generada por la binacional ha sido motivo de debate en Paraguay. Un aspecto particularmente controversial ha sido la estructura de precios aplicada a la tarifa de energía y a la cesión del excedente a Brasil.

En lo que más parece una excusa para justificar una inminente claudicación en la renegociación del Anexo C del Tratado de Itaipú, con la abierta confesión de que no se buscará la eliminación de la cesión de los excedentes al Brasil, el Gobierno reitera la perorata de la plena utilización de la energía paraguaya en Paraguay. Sin embargo, al margen de que esa, en el mejor de los casos, no es una meta que se pueda cumplir a corto plazo, tampoco el Gobierno da señales de que la tenga como un objetivo estratégico. El Instituto Paraguayo de Profesionales del Sector Eléctrico (IPPSE) advierte que las inversiones en el área están paralizadas o muy atrasadas, lo cual no solamente compromete la confiabilidad y la calidad del servicio, sino que amenaza con generar un colapso total en el sistema.