Tratado de Itaipú

Ha pasado un año entero desde el vencimiento del plazo fijado en el Anexo C del Tratado de Itaipú para su revisión y, pese a estar cumplidas todas las precondiciones, salvo que haya alguna negociación secreta que la ciudadanía no conozca, hasta el momento no se ha avanzado en absoluto en la reparación de una de las mayores y más inicuas injusticias contra el Paraguay en toda su historia. En el acuerdo tarifario del 7 de mayo último del que tanto se jacta el Gobierno se menciona al pasar que las tratativas por un nuevo anexo estarán concluidas el 31 de diciembre de 2024, pero, que se sepa, no se han integrado equipos de negociadores, no se han marcado fechas y mucho menos se han establecido los términos y se han planteado las justas reivindicaciones paraguayas para restituir los legítimos derechos nacionales largamente conculcados en la binacional.

Las fechas se suceden, a veces lentamente; otras, con mucha prisa. No obstante, a pesar de que seguimos arrancándolas como hojas de un calendario aún con cierta esperanza, en el momento de la sinceridad nos percatamos de que ni la estrategia para su “revisión” está clara; eso a pesar de los 51 años y cuatro meses que transcurrieron desde la firma del Tratado o de esos 40 años y tres meses luego de irrupción del coloso en su etapa de la producción, o tan solo de ese un año y cinco días después del vencimiento del plazo de medio siglo que establecieron para la revisión del Anexo C.

El presidente Santiago Peña debe esclarecer y demostrar con evidencias su grave acusación de que el anterior gobierno le hizo perder 1.000 millones de dólares al país mediante actas secretas con Brasil en Itaipú. No lo dijo cualquiera, lo dijo el Presidente de la República del Paraguay, y no lo dijo en cualquier sitio, sino en un acto formal y solemne, nada menos que en su informe anual ante el Congreso de la Nación. Además, Peña también debe aclarar los puntos oscuros que han ido aflorando de su propio acuerdo del 16 de abril y qué compromisos no escritos se han asumido a cambio de obtener una pequeña concesión brasileña en forma de reparto de “fondos sociales”.

Setenta y cinco días después de que los gobiernos de nuestro país y del Brasil definieran las “directivas” sobre la entidad binacional Itaipú, destacadas en siete puntos nada se sabe del Anexo C. A pesar de que en su último párrafo, con una presentación diferente, incluye el compromiso de los gobiernos de “concluir” la revisión de dicho anexo del Tratado antes del 31 de diciembre de este año, el Poder Ejecutivo se llamó a silencio sobre el mandato del numeral VI de esta parte del Tratado.

No era tan sencillo, tampoco muy expeditivo como lo pintaron. Nos referimos a las “directivas relacionadas con la energía de Itaipú” que el gobierno paraguayo dio a conocer el jueves 9 de este mes.