transportistas

El exdiputado liberal Celso Maldonado aparece como accionista de La Limpeña SRL (líneas 49 y 220), empresa de transporte que integra Cetrapam. Este transportista declaró en julio del año pasado, cuando dejó su curul, que sus ganancias en el servicio de transporte público eran de G. 600 millones por mes. Lo contradictorio es que el vocero de ese gremio, César Ruiz Díaz, repite hace años que los empresarios trabajan a “pérdida”. Los agremiados a Cetrapam se llevaron más de US$ 33 millones en subsidios en los últimos 16 meses.

Los miembros del Centro de Empresarios del Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam) ostentan una vida privilegiada, muy lejos de la realidad que soporta la ciudadanía, cada día, con el pésimo servicio que ofrecen como transporte público. En los últimos 16 meses, los 25 empresarios que conforman este gremio recibieron del Estado paraguayo la suma de G. 247.814 millones, que en dólares representan unos 33,4 millones como subsidio. Hoy se prevé una nueva reunión con autoridades para ver si se desactiva el paro previsto para el próximo 20 de mayo.

El abogado Jorge Rolón Luna, asesor jurídico de la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (Opama), quien hoy presentó denuncia contra Cetrapam por ilegalidad del paro, dijo que reconocen que el paro está consagrado como derecho, pero califican las circunstancias en que se da como ilegítimas. Dicen que las razones están basadas “en premisas falsas y tiene como objetivo el lucro desmedido de la Cetrapam”.

Tras la reunión que mantuvieron los integrantes de Opama y el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, la autoridad dijo que no darán el brazo a torcer con relación al pedido de los transportistas de modificar el esquema de pago del subsidio. El Gobierno anuncia que pondrá a disposición de la ciudadanía alternativas de transporte.

La Fiscalía debe investigar de oficio a los transportistas de Cetrapam, que están amenazando con un paro desde el 20 mayo, ya que la ley sanciona esta extorsión, según el abogado Ezequiel Santagada. Viceministro de Transporte evita pronunciarse sobre la no aplicación de la normativa vigente, que debería castigar este tipo de chantajes de colectiveros.