Gilberto Maldonado, presidente de la Asociación de Transporte de Ganado, señaló que la situación del sector ganadero es muy preocupante. Señaló que al menos 30.000 personas están directamente afectadas por la crisis económica y la disminución del hato ganadero.
El abogado Jorge Rolón Luna, asesor jurídico de la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (Opama), quien hoy presentó denuncia contra Cetrapam por ilegalidad del paro, dijo que reconocen que el paro está consagrado como derecho, pero califican las circunstancias en que se da como ilegítimas. Dicen que las razones están basadas “en premisas falsas y tiene como objetivo el lucro desmedido de la Cetrapam”.
Tras la reunión que mantuvieron los integrantes de Opama y el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, la autoridad dijo que no darán el brazo a torcer con relación al pedido de los transportistas de modificar el esquema de pago del subsidio. El Gobierno anuncia que pondrá a disposición de la ciudadanía alternativas de transporte.
La Fiscalía debe investigar de oficio a los transportistas de Cetrapam, que están amenazando con un paro desde el 20 mayo, ya que la ley sanciona esta extorsión, según el abogado Ezequiel Santagada. Viceministro de Transporte evita pronunciarse sobre la no aplicación de la normativa vigente, que debería castigar este tipo de chantajes de colectiveros.
La Opama confirmó ayer que están trabajando para presentar una denuncia ante la Fiscalía contra los transportistas que están amenazando con ir al paro por tres días, desde el 20 de mayo. La ley Nº 6789 permite que cualquier ciudadano puede denunciar la extorsión de los colectiveros a los órganos de persecución penal del Estado. También presentarán un amparo constitucional.
La ley Nº 6789, promulgada en agosto de 2021, que considera como un hecho punible cualquier amenaza de paro de los dueños de líneas de buses, establece que cualquier ciudadano puede denunciar en la Fiscalía la amenaza o extorsión de los colectiveros. El Viceministerio de Transporte debía controlar el cumplimiento de esta normativa, pero nada hizo hasta ahora.