4 de noviembre de 2025
Si hay algo en lo que se ha destacado el Gobierno actual, es en su temor a la transparencia. El ataque a medios de comunicación críticos, organizaciones de la sociedad civil que exigen rendición de cuentas de las autoridades y la promulgación de leyes “garrote” ha sido la constante. El próximo paso apunta a enterrar el proyecto de ley de “Protección de datos personales” a través de la modificación de un artículo neurálgico para su vigencia, el artículo 24 que, luego de ser ultrajado por las destructivas manos parlamentarias, establece excepciones para denegar el acceso a información pública “cuando el daño a la protección de datos sea mayor al interés público”. Esta disposición, en caso de ser sancionada, dará completa discrecionalidad a quienes deben proveer información a la ciudadanía, puesto que basta con alegar que la información que se solicita podría ocasionar un daño a la intimidad para que ella sea negada, y así cerrar las puertas a la transparencia y a la libre formación de la opinión pública.



El bloque cartista y sus aliados buscan revertir la ley que obliga a los ministros de la Corte a votar de forma nominal y pública. La maniobra política que figura en el orden del día de la sesión ordinaria del Senado, prevista para hoy, a las 9:00, se da justo cuando el pleno tiene pendiente resolver la acción de inconstitucionalidad presentada por Kattya González, expulsada del Senado por esa misma mayoría.
Por octava vez, la Cámara de Diputados incluyó para su tratamiento hoy en sesión ordinaria el proyecto de Ley de “protección de datos personales”, que atenta contra las leyes de transparencia. Su tratamiento efectivo una vez más dependerá del ánimo de la mayoría cartista, ya que figura en el punto 17 de 21 y entra a su último mes de tratamiento antes de la sanción ficta.

La Cámara de Diputados volvió a dilatar por una semana más el tratamiento del proyecto de ley de “protección de datos personales”, el cual arriesga de muerte a las leyes de transparencia y acceso a información pública. Viene siendo postergado hace más de un mes.
Como se sabe, uno de los temas tratados por la defenestrada senadora Norma Aquino (Yamy Nal) y el aún senador Javier Vera (Chaqueñito), ambos cartistas y tránsfugas de Cruzada Nacional, en sus álgidos diálogos a través de WhatsApp, fue el de la donación de ocho millones de dólares hecha por el Gobierno de Taiwán para restaurar el Palacio Legislativo. El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, cartista), creyó oportuno anunciar que dicho órgano “no va a tocar ni un guaraní: va a pagar la embajada de Taiwán”. Además, pidió a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) que “sea garante y que se publiquen y se hagan las licitaciones como corresponde”. Paradójicamente, la DNCP aclara que no interviene en el proceso de las licitaciones que se produzcan con esta donación, por no encontrarse legalmente entre las regulaciones de su competencia. Por otra parte, llama la atención que el donativo en cuestión no haya sido tratado en el Congreso.

La Cámara de Diputados podría esta semana asestar un golpe doble en contra de la ciudadanía, al mandar “al muere” seis pedidos de intervención contra intendentes, a la par de, una vez más, tener en sus manos la posible sentencia de muerte de las leyes de transparencia y acceso a información pública (AIP). El proceso de impunidad en intervenciones se gestó durante más de un año.