4 de agosto de 2025
El juez en lo civil y comercial Juan Andrés Martínez Zárate rechazó una acción de acceso a la información pública promovida por el propietario de una firma dedicada a la venta de armas, contra la Dirección General de Material Bélico (Digemabel). La firma del accionante fue allanada en octubre del año pasado, en el marco de una investigación sobre supuesto tráfico de armas.
Al inicio de la audiencia preliminar, el Ministerio Público sostuvo su acusación y pedido de juicio oral para tres militares de alto rango y tres civiles, sindicados como integrantes de una estructura criminal que surtía armas a los grupos criminales brasileños PCC y Comando Vermelho, desbaratada en el Operativo Dakovo. La diligencia continuará el lunes 5 de mayo, con la contestación de los incidentes planteados.
El fiscal Alejandro Cardozo, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Crimen Organizado, acusó y pidió juicio oral y público por supuesto tráfico de armas para el propietario de una firma que compró más de 500 armas en seis meses, pero no vendió ninguna oficialmente. El hombre quedó en la mira de los investigadores tras la incautación de seis pistolas en Brasil.
El presidente Santiago Peña ratificó ayer, martes, la suspensión temporal de importación de armas de fuego y municiones. Desde la Dirección General de Material Bélico (Digemabel) señalan que eso es positivo, ya que se cuenta con el registro de 17.000 armas cuyos usuarios finales no se pueden justificar.
Los tres detenidos durante la operación Ferrum, Alicia Beatriz López Lugo (43), José Elías Gómez Espínola (24) y Jesús Antonio Domínguez (46), deberán cumplir prisión preventiva, así lo dispuso el juez Osmar Legal. Los mismos están investigados por la venta irregular de 139 armas de fuego, de las cuales dos cayeron incautadas en Brasil.
Los seis acusados por hechos vinculados al tráfico de armas en el caso Dakovo, fueron convocados para el 26 de diciembre a su audiencia preliminar, por la jueza Lici Teresita Sánchez. Según la Fiscalía, los investigados habrían formado parte de un esquema dedicado la venta irregular de armas, legalmente importadas, a organizaciones criminales, como el PCC o Comando Vermelho, a través de prestanombres.