4 de junio de 2025
CORONEL OVIEDO. Agricultores del departamento de Caaguazú iniciaron la primera cosecha de tomate del año y denunciaron una total inoperancia por parte de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) para frenar el ingreso de contrabando de hortalizas al país. Aseguraron que esta situación pone en riesgo la comercialización de la producción nacional y acusan al director general de Prevención y Represión del Contrabando y Comercio Ilícito, Luis Villalba, de maltratos y desinterés.
Tras apuntar a un “plan piloto” para sostener la producción de tomate en verano y hacerle frente a la estacionalidad, desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) proyectan una mejora “progresiva” de la oferta nacional a partir de la segunda quincena de marzo, con miras a estabilizar los precios y cubrir parte de la demanda local, que está siendo abastecida por la importación. Se estima que el consumo diario de este fruto supera los 200.000 kilos.
La Asociación de Importadores y Comerciantes del Mercado de Abasto (Asicoma) reclamó el “favoritismo” del Ministerio de Agricultura y Ganadería a la hora de otorgar la autorización fitosanitaria de importación (afidi) que permite el ingreso de tomate desde el extranjero. Desde la institución respondieron que las acreditaciones se están concediendo de “forma gradual”, atendiendo que aún hay disponibilidad de producción nacional.
El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), desde esta semana, permite la importación de tomate para “evitar una disparada del precio”, según explicó el titular de la institución, Carlos Giménez. Productores e importadores venían denunciando que el mercado nacional se encontraba saturado de frutos ingresados ilegalmente desde la Argentina.
CORONEL OVIEDO. Los productores de tomate del departamento de Caaguazú están aguardando el relevamiento de datos para la planificación de la zafra 2025 y solicitan a las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) realizar un trabajo eficiente para evitar pérdidas en la producción. El año pasado, los agricultores tuvieron que desechar miles de kilos de tomate debido a la saturación del mercado nacional.
La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios y el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas incautaron 1.012 cajas de tomates que no contaban con el etiquetado de importación correspondiente y ningún documento que avale su libre circulación dentro del territorio nacional.