Tobillera electrónica

El Tribunal de Apelación Penal de Feria de la Circunscripción Central ordenó por primera vez implementar el uso de la tobillera electrónica para Alberto Segovia Martínez, procesado por violencia familiar. La defensa del sindicado había presentado un recurso de apelación en contra de una resolución judicial que le rechazó someterse a proceso sin estar en prisión preventiva. Al aceptarse su apelación, le otorgaron el arresto domiciliario utilizando el dispositivo tecnológico de control.

CIUDAD DEL ESTE. La Policía reportó el hallazgo de una tobillera electrónica que correspondería al sistema de justicia brasileño. El aparato estaba en funcionamiento y habría estado siendo utilizado por un procesado del vecino país. Fue arrojado en la zona céntrica de esta capital departamental.

Ayer en la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados no se pudo llegar a un dictamen unificado sobre los dos proyectos de modificación de la ley que establece el uso de dispositivos electrónicos (tobilleras electrónicas) para el control de procesados y condenados, por lo que el proyectista de una de las iniciativas, diputado Derlis Rodríguez (ANR, HC), pedirá la postergación.

El ministro de Justicia, Ángel Ramón Barchini, señaló que la intención del Gobierno es que el procesado abone por el uso de la tobillera electrónica. El promedio sería de US$ 200 al mes, según indicó.

En el año 2017 se promulgó en Paraguay la Ley 5863 conocida como “del uso de tobillera electrónica”, para mantener a raya a hombres violentos. Una victoria pírrica para las mujeres; pues desde entonces alrededor de un centenar de feminicidas han atacado con saña e impunidad provocando lo de siempre: machirulos que dicen que el feminicidio “no existe”, marchas y reclamos por justicia y, lo peor, autoridades prometiendo que le darán solución “lo antes posible” o cuando logren cuadrar los números para que la seguridad de las mujeres sea su negocio rentable.