16 de octubre de 2025
Cuando se firmó el acuerdo con Brasil por la tarifa de Itaipú en mayo de 2024, los máximos exponentes del Gobierno, empezando por Santiago Peña, lo destacaron como una conquista extraordinaria. La entonces jefa del Gabinete Civil de la Presidencia, Lea Giménez, llegó a decir que fue el mayor logro paraguayo en la historia de la binacional. Pero ahora resulta que el principal vocero de la negociación, consejero de la entidad y ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, dice que si volviera la tarifa al costo básico (como debe ser) el país saldría muy beneficiado porque la ANDE tendría que destinar menos recursos para la contratación de potencia, lo que podría trasladarse a la factura de la luz. ¿En qué quedamos? Textualmente señaló: “Si lo analizamos desde el escenario de tarifa al costo, el dinero que hoy aparece en las cuentas de gastos sociales va a ser un dinero que va a aparecer en las cuentas de ANDE, porque la ANDE va a comprar a menor costo”. De ahí su conclusión de que al adquirir la energía en forma más barata, la compañía podrá bajar la tarifa o mantener la de hoy, con la posibilidad de destinar la diferencia a inversiones.
El anteproyecto de ley que amplía la tarifa social de la electricidad busca gravar los altos salarios en el sector público para financiar esta iniciativa con el objetivo de garantizar el acceso a la energía como un derecho humano. La medida, conocida como “Impuesto a los Altos Salarios Públicos (IASP)”, forma parte de un proyecto más amplio.
Varias organizaciones civiles presentaron hoy más de 50.000 firmas al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) en apoyo de un anteproyecto de ley que defiende que la energía eléctrica es un derecho humano fundamental. El objetivo de la legislación es garantizar el acceso libre y continuo al servicio eléctrico, en condiciones justas y equitativas, a todos los ciudadanos del país. La ley también introduce una tarifa social ampliada y medidas específicas para eliminar privilegios a la criptominería y las plantas de hidrógeno verde.
Los impulsores de la iniciativa popular para la ampliación de Tarifa Social de ANDE presentaron el proyecto de ley esta mañana ante el TSJE. Afirman que existen los recursos económicos para la aprobación y aplicación del reclamo.
La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) cuenta actualmente con clientes que se benefician de la Tarifa Social, un programa destinado a subsidiar el consumo eléctrico de los sectores más vulnerables de la población, según comentó el gerente comercial de la entidad, Ing. Hugo Rolón. Sepa quienes pueden acceder a este beneficio y cuáles son los requisitos.
Este viernes, a las 9:00, en el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), se realizará el acto de presentación de 50.000 firmas que respaldan la iniciativa popular para ampliar la Tarifa Social de la energía eléctrica para que más usuarios tengan una tarifa reducida. Esta es una propuesta que busca que la electricidad sea reconocida como un derecho humano.