1 de junio de 2025
Las tensiones entre Paraguay y Brasil en torno a la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú podrían poner en jaque los ingresos para el país en concepto de gastos socioambientales, de US$ 650,9 millones anuales. Si el acuerdo tarifario firmado en mayo de 2024 se derrumba, las consecuencias económicas afectarían directamente a los programas sociales y obras de infraestructura que dependen de esos fondos.
Emocionado por la firma de contratos entre el Ministerio de Obras Públicas (MOPC), el Parque Tecnológico Itaipú (PTI) y las empresas adjudicadas para ejecutar importantes obras viales en el departamento Central, el presidente de la República, Santiago Peña, contó esta mañana “infidencias” de la negociación con el Brasil para definir la tarifa de Itaipú.
La vigencia de la actual tarifa de transferencia de potencia de Itaipú en Brasil fue prorrogada temporalmente por la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL) el martes último, según se informa en el Portal Gov.br. Ministerio de Minas y Energía.
La tarifa que acordó el gobierno de Santiago Peña con su par brasileño en mayo pasado para Itaipú, de US$ 19,28 kW/mes hasta 2026, generará US$ 650,9 millones adicionales por año para gastos sociales en cada uno de los tres años (2024, 2025 y 2026). De ese monto destinarán US$ 30 millones por año a Seguridad, US$ 90 millones en total, según detalló el director general paraguayo de la entidad, Justo Zacarías Irún.
Setenta y dos días después de que se conociera en Paraguay el documento binacional titulado “Entendimiento entre el Paraguay y el Brasil sobre directivas relacionadas con la energía de Itaipú binacional”, nada se informó aún acerca de remisión a los Legislativos de ambos países para su consideración.
Desde 2004, cuando en Itaipú se creó el fondo para Responsabilidad Socio-Ambiental, hasta este año, los diversos gobiernos pasaron de tener una “caja chica” de US$ 6,8 millones a US$ 650,9 millones, según datos de la binacional.