El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia para llevar a cabo la nueva audiencia preliminar a la ex jueza en lo Civil Tania Irún, acusada de supuesto prevaricato por la entrega de 310.000 hectáreas en el Chaco. La Cámara anuló la elevación de la causa a juicio oral y cuestionó las posturas contrapuestas del Ministerio Público.

Sesión ordinaria del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Acusan ante el JEM a camaristas que anularon apertura a juicio para exjueza

Tania Irún Ayala, ex jueza en lo Civil y Comercial de la Capital, llega junto a sus abogados en el juzgado de Garantías a cargo del juez Yoan Paul López.

Exjueza Tania Irún tendrá nueva preliminar en causa por presunto prevaricato

Tania Carolina Irún Ayala, exjueza en lo Civil y Comercial acusada de prevaricato, y el Abg. Rodrigo González Planas.

Piden proteger tierras ubicadas en zona de seguridad fronteriza

Tania Irún Ayala, ex jueza en lo Civil y Comercial, charla con el Abg. Rodrigo González Planas. Atrás el Abg. Osvaldo Bittar (querellante).

Integran tribunal para estudiar apelación de exjueza Tania Irún

Tania Carolina Irún Ayala, ex jueza en lo Civil y Comercial de la Capital, llega al juzgado para su audiencia preliminar.

Exjueza Tania Irún va a juicio oral por presunto prevaricato

El Abg. Rodrigo González Planas, la exjueza Tania Irún y el Abg. Osvaldo Bittar (querellante), en Tribunales.

Preliminar para exjueza Irún por presunto prevaricato

La exjueza en lo Civil y Comercial Tania Irún está convocada para el 20 de agosto, a fin de llevar a cabo su preliminar en la causa penal que afronta por presunto prevaricato. La Fiscalía pide que vaya a juicio por la entrega de 310 mil hectáreas de tierra, en la zona de seguridad fronteriza.

Los voluntarios japoneses están asentados en la localidad de Puerto Leda, en Alto Paraguay. Foto ilustrativa.

Voluntarios japoneses piden intervención en litigio por tierras en el Chaco

Una fundación integrada por voluntarios japoneses solicitaron intervención en el litigio de 310.000 hectáreas de tierras en el Alto Paraguay, que la ex jueza Tania Irún había ordenado transferir a empresas que serían de maletín. Los solicitantes son arrendatarios, con opción a compra, de unas 80.000 hectáreas del inmueble en cuestión, por lo que serían perjudicados si se concreta la transferencia ordenada por la ex magistrada..

Audiencia preliminar de la exjueza Tania Irún (de amarillo) ante el juez de Garantías Yoan Paul López.

Juez se opone a sobreseimiento definitivo de exjueza Tania Irún

El juez de Garantías Yoan Paul López se opuso al sobreseimiento definitivo de la exjueza Tania Carolina Irún Ayala, del proceso penal por presunto prevaricato en la entrega de 310.000 hectáreas de tierras ubicadas en la zona de seguridad fronteriza, en el Chaco. El caso queda ahora a cargo de la Fiscalía General del Estado.

La exjueza Tania Irún, el abogado defensor Rodrigo González Planas (izq.) y el abogado querellante Osvaldo Bittar, en tribunales.

Convocan a exjueza Tania Irún para estudiar sobreseimiento solicitado por fiscala interina

Para los primeros días de mayo se programó la audiencia preliminar de la ex jueza en lo Civil y Comercial de la Capital Tania Irún, procesada por supuesto prevaricato en la entrega de más de 310.000 hectáreas de tierras ubicadas en zona de seguridad fronteriza. La fiscalía pidió el sobreseimiento definitivo de la ex magistrada, a través de una agente que estuvo menos de 24 horas a cargo de la causa.

La exjueza Tania Irún, el abogado defensor Rodrigo González Planas (izq.) y el abogado querellante Osvaldo Bittar, minutos antes del inicio de la audiencia.

Exjueza Tania Irún, con sobreseimiento provisional en causa por presunto prevaricato

El juez de Garantías Yoan Paul López hizo lugar al pedido de la fiscala Natalia Fúster y otorgó el sobreseimiento provisional a la exjueza en lo Civil y Comercial de la Capital Tania Carolina Irún Ayala, en el proceso que afronta por presunto prevaricato en la entrega de 310.000 hectáreas de tierra, ubicadas en la zona de seguridad fronteriza en la Región Occidental. Ahora la fiscalía tiene un año para pedir la reapertura del caso.