27 de junio de 2025
Jubilados municipales denuncian que no cobran hace cuatro meses y acusan al gobierno de Santiago Peña y al Congreso de dejarlos desamparados. Denuncian que con la ley de Superintendencia, el cartismo solo buscaba llegar a los fondos de IPS y que nunca se interesaron en salvar las cajas.
El presidente Santiago Peña a través del decreto 3098 nombró a representantes del sector de empleadores que integran el Consejo de Seguridad Social de la Superintendencia. Sin embargo, aún no se puede conformar en su totalidad porque los demás sectores aún no confirmaron representantes.
Tras un año de la vigencia de la Ley N.º 7235/2023, “Que reglamenta el rol supervisor del Estado a las entidades de jubilaciones y pensiones, en cumplimiento del artículo 95 de la Constitución Nacional”, el Consejo de Seguridad Social sigue sin integrarse, tampoco pueden designar al superintendente, ni contar con estructura presupuestaria para 2025.
A un año de que se haya aprobado y promulgado a las apuradas la Ley que crea la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, la misma sigue sin ser reglamentada. Según dijo el representante de la Unión Nacional de Jubilados, Pedro Halley, la misma no se reglamenta porque está mal hecha.
A menos de un mes de cumplirse un año de la promulgación de la ley que crea la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, la entidad no puede operar aún y ni siquiera puede contar con un presupuesto propio para el ejercicio 2025.
Ante un millonario movimiento de recursos entre cuentas de inversiones del Instituto de Previsión Social (IPS), desde la oposición en Senado cuestionan que se han sacado recursos que estaban depositados en CDA de bancos triple A, para comprar bonos de banco de menor calificación y de reciente creación.