14 de agosto de 2025
SAN PEDRO. Una comitiva fiscal-policial incautó y destruyó más de seis toneladas de marihuana prensada y picada en un establecimiento rural del distrito de San Vicente, departamento de San Pedro, en el marco del programa “Sumar PY”, de combate al narcotráfico.
El programa Escuelas Abiertas del MEC, parte del plan Sumar contra el abuso de drogas, todavía no tiene fecha de inicio para estas vacaciones de verano, que se iniciaron en diciembre. Actualmente, todavía están lejos de alcanzar los 350 centros educativos que había prometido el ministro de Educación, Luis Ramírez. Entre lo novedoso, se planteará un concurso de cortometrajes estudiantiles.
Dos presuntos microtraficantes de Mariano Roque Alonso fueron detenidos en un operativo de la Senad. Uno de ellos es sospechoso de distribuir dosis de droga dentro de un inquilinato donde conviven adictos y niños expuestos a un entorno conflictivo, pero el fiscal dispuso que sigan con su madre por falta de alternativas, sobre todo para bebés que necesitan ser amamantados. Los intervinientes asistieron a las criaturas con leche mientras se hacía el operativo.
La Policía Nacional realizó una charla educativa sobre la prevención del consumo de drogas en una institución educativa de la comunidad indígena Tavamboae, de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay. La acitvidad se desarrollo en el marco del Plan de Acción SUMAR.
Una de las promesas del presidente Santiago Peña durante su campaña abarcaba un plan denominado “Chau, chespi” que luego -durante su Gobierno- poco o nada de resultados daban a conocer. Hoy, luego de una reunión interinstitucional, desde la Vocería de la Presidencia anunciaron que este programa se había renombrado “SUMAR” y en la fecha volvieron a prometer resultados.
De enero hasta agosto de este año, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en el marco del plan SUMAR, sacó de circulación 570.940 dosis de droga, entre crack o “chespi”, marihuana, cocaína y éxtasis. El 80 % de los focos de venta están en cercanías de instituciones educativas. El perjuicio económico ocasionado a los microtraficantes asciende a US$ 3.864.000.