subsidio

El viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, está negociando –se supone que en nombre del Gobierno nacional– con Cetrapam bajo la amenaza de un cercano paro, si las exigencias de sus desalmados miembros no son satisfechas. Ellas consisten en la renovación por siete años de los permisos vencidos, sin licitación pública, y el aumento del 8 al 14% del margen de ganancia asegurada. Es habitual que estos “empresarios” practiquen el chantaje indirecto, tomando a los usuarios como rehenes mediante las indignantes “reguladas” impunes. El viceministro volverá a reunirse hoy con quienes ejercen una amenaza parecida a un revólver apuntado a su cabeza.

El exdiputado liberal Celso Maldonado aparece como accionista de La Limpeña SRL (líneas 49 y 220), empresa de transporte que integra Cetrapam. Este transportista declaró en julio del año pasado, cuando dejó su curul, que sus ganancias en el servicio de transporte público eran de G. 600 millones por mes. Lo contradictorio es que el vocero de ese gremio, César Ruiz Díaz, repite hace años que los empresarios trabajan a “pérdida”. Los agremiados a Cetrapam se llevaron más de US$ 33 millones en subsidios en los últimos 16 meses.

Los miembros del Centro de Empresarios del Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam) ostentan una vida privilegiada, muy lejos de la realidad que soporta la ciudadanía, cada día, con el pésimo servicio que ofrecen como transporte público. En los últimos 16 meses, los 25 empresarios que conforman este gremio recibieron del Estado paraguayo la suma de G. 247.814 millones, que en dólares representan unos 33,4 millones como subsidio. Hoy se prevé una nueva reunión con autoridades para ver si se desactiva el paro previsto para el próximo 20 de mayo.

La Ley N° 6789/21 no se limita a cancelar la licencia, el itinerario y el subsidio a las empresas del transporte público infractoras de la norma, ya que su art. 5° califica de “hecho punible de coacción y perturbación de servicios públicos” que sus directivos, accionistas o representantes legales o gremiales “realicen algún tipo de amenaza o extorsión a órganos del Estado, ya sea por cualquier medio”, pudiendo todo ciudadano denunciarlo ante el Ministerio Público. Pues bien, las autoridades se mostraron abiertas a dialogar con quienes no ocultan su propensión al chantaje, es decir, a entrar en negociaciones con un grupo dispuesto a delinquir si sus exigencias no son satisfechas.

Los miembros del Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam) ya recibieron G. 247.814 millones (que en dólares llega a 33,4 millones) en apenas 16 meses, como subsidio por parte del Estado. El gremio mantiene su postura de ir a un paro general, mientras la gente padece desde hace tiempo el pésimo servicio que se ofrece junto con las reguladas.