El exsíndico de Quiebras Blas Manuel Velázquez Fernández irá a juicio oral por los hechos punibles de lesión de confianza y hechos contra la prueba documental en el caso de la doble venta de un inmueble de Mariano Roque Alonso.
El pleno de la Corte Suprema de Justicia designó este miércoles como nuevo síndico de quiebras a Marcial Otilio Paredes Basualdo, en reemplazo de Blas Velázquez, leal al clan Fretes y protegido del ministro Antonio Fretes. Velázquez no fue confirmado en su cargo y en su lugar designaron a Paredes, dando así un golpazo al clan que está salpicado con varios escándalos de tráfico de influencias.
El clan Fretes logró acumular bienes inmuebles por más de G. 32.981 millones. La cifra corresponde a la sumatoria del VALOR FISCAL de 70 propiedades halladas en forma parcial, por lo que el monto REAL podría ser muchísimo mayor. UNA SOLA empresa dedicada a cobranzas figura con 30 fincas, de las cuales la mitad proviene de remates o litigios judiciales. Hermano de otro ministro del Poder Judicial aparece como accionista de esa misma compañía.
El empresario del área de transporte de pasajeros Silvio Lovera presentó una denuncia formal contra Blas Velázquez -síndico de quiebras y protegido del ministro de la Corte, Antonio Fretes- por los supuestos hechos punibles de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, asociación criminal, cobro indebido de honorarios y evasión de impuestos. Según el transportista, entregó G. 100 millones a Velázquez para la realización de trabajos legales que nunca recibió.
El propietario de una empresa de transporte denunció haber sido estafado por un grupo de abogados encabezados por Blas Velázquez Fernández, síndico de quiebras y protegido del denunciado Antonio Fretes, presidente con permiso de la Corte Suprema de Justicia. El empresario entregó G. 100 millones para la realización de trabajos legales que nunca recibió. “Esto es una estafa. Me dejaron en la calle”, manifestó el hombre.
El abogado Pablo Díaz Guerrín denunció al síndico de quiebras del Poder Judicial Carlos Andrés Couchonnal por supuesto desacato, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Pidió a la Fiscalía que investigue el patrimonio del alto funcionario y el de su esposa, la fiscala de la niñez Fátima Escobar Sarubbi. Entre sus bienes figura una lujosa residencia valuada en unos US$ 800.000 que la pareja estrenó en el año 2015.