El juez Humberto Otazú hizo lugar al sobreseimiento definitivo solicitado por la fiscala María Estefanía González a favor del exprocurador general de la República, Sergio Coscia, en relación al hecho punible de lesión de confianza en el marco de la investigación por la supuesta adjudicación de explotación de juegos de azar en forma irregular, en el caso Conajzar.
El juez Humberto Otazú aplicó hoy medidas alternativas a la prisión al exprocurador Sergio Coscia procesado por su dictamen a favor de reducir el canon a concesionarias de juegos de azar. Su abogado Enrique Kronaweter dijo que el dictamen señala que le decisión se podría dar mediante un decreto. Sin embargo, el referido dictamen de su defendido aseguró que resultaba viable la medida propuesta por la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar).
El juez Humberto Otazú, especializado en Delitos Económicos, admitió la imputación contra los cinco miembros de Conajzar, un ex integrante y el exprocurador Sergio Coscia. La audiencia de imposición de medidas fue fijada para el 19 y 20 de enero, pero aún siguen sin ser imputados los responsables de “regular” tragamonedas.
El padre de Richard Pereira, joven baleado por policías, amenaza con encadenarse frente a la sede de la Procuraduría el próximo martes para exigir indemnización a casi cinco años del disparo que dejó parapléjico a su hijo de parte de un agente de la Comisaría 4ta. Metropolitana. Además, no descartan acudir a instancias legales internacionales. La víctima refirió que ya no puede costear su fisioterapia y medicamentos, que ascienden a G. 6.000.000 mensuales.
Sergio Coscia comunicó esta tarde su renuncia al cargo de Procurador General de la República tras destaparse un escándalo por el intento fallido de un acuerdo entreguista para el pago de unos US$ 7 millones a una empresa argentina, que tras ser develado tuvo que ser revertido.
El procurador general de República, Sergio Coscia, confirmó que la entidad a su cargo refrendó un acuerdo con la empresa argentina Texos Oil para pagarle US$ 7.000.000 como parte de un proceso para finiquitar una demanda que la firma extranjera entabló al Estado en 2010. En el transcurso de la tarde, el Procurador da fin a ese acuerdo e irán a juicio.