El abogado Ezequiel Santagada cuestionó los argumentos del Tribunal de Apelación que anuló la sentencia ante el amparo que planteó contra Seprelad para acceder a datos sobre los financistas privados del evento de Gafilat. Adelantó que recurrirá ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para tratar de revocar la medida.
La Secretaría de Prevención de Lavado sacó este miércoles un comunicado en el que da a conocer, después de mucho tiempo, el nombre de las instituciones privadas y públicas que colaboraron para la organización del evento Gafilat 2024. En el escrito apuntan que resguardaron dicha información para evitarles problemas a las empresas en sus actividades comerciales.
Además de estar en el ojo de la tormenta por los chats del diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes, la ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz, se burla y ningunea un pedido de informes del Congreso, ocultándoles también a ellos los financistas de la cumbre de Gafilat en nuestro país.
El extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) Carlos Arregui manifiesta que “el Lalo de Seprelad es Pedro Ovelar, que por WhatsApp manejaba la investigación” con respecto a la imputación de la Fiscalía por la denuncia realizada por el expresidente Horacio Cartes contra Mario Abdo Benítez por revelación de supuestos “secretos de servicio”.
Los abogados Cecilia Pérez y Felino Amarilla dieron sus puntos de vista a la decisión de apartar al fiscal Osmar Segovia, que entre varios casos, lleva adelante la investigación de supuesta filtración de informes antilavado, contra el expresidente Mario Abdo y funcionarios, denunciada por el expresidente Horacio Cartes. Perez sostiene que este cambio se debe a presiones políticas y buscan justificar una acusación sin pruebas contra expresidente Mario Abdo y su gabinete. También se menciona que podría estar vinculado al caso de chats de Lalo.
El abogado Ezequiel Santagada solicita que se hagan públicos la lista y el monto de los aportes de las personas del sector privado que financiaron las actividades realizadas en el marco del quincuagésimo pleno internacional antilavado del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). A través de un amparo busca que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) entregue la documentación.