30 de agosto de 2025
El juez Osmar Legal ratificó la inhibición de vender y gravar bienes contra dos ciudadanos libaneses investigados por la justicia argentina por presuntos vínculos con el atentado a la AMIA. Asimismo, el magistrado encargó a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) la administración de cuatro empresas, donde uno de los investigados es accionista.
Los documentos de otros 15 inmuebles comisados al usurero luqueño Ramón González Daher y su hijo Fernando Karjallo fueron entregados a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados (Senabico). De las 141 propiedades establecidos en la Sentencia Definitiva N° 515 del 10 de diciembre de 2021, el Juzgado de Ejecución ya entregó al Estado 89 inmuebles que pertenecían al clan familiar.
Revelando una exposición nacional/comparada, lograremos razonar sobre los alcances de las medidas “especiales” que se grafican en torno a bienes incautados, pues bien, nuestra Ley Nº 5.876/17 De administración de bienes incautados y comisados, dimensiona que los bienes incautados son (todos) aquellos que están sujetos a medidas cautelares, precautorias o de aseguramiento dictadas por juez competente o Ministerio Público, y que sean objeto de comiso o privación de beneficios.
La jueza de Ejecución Penal, Cynthia Sostoa Santander, hizo hoy entrega oficial a la Senabico de un vehículo que había sido por comprado por Elías Josué Arias Giménez, condenado por estafa a dos años de cárcel. El rodado fue adquirido mediante estafas provenientes de la venta de entradas falsificadas para el concierto de Bad Bunny, en el que se habría recaudado más de G. 1.200 millones
La defensa de Fernando González Karjallo, hijo del usurero Ramón Mario González Daher, solicitó al Ministerio Público la extinción de la acción penal, relacionada al alquiler de inmuebles comisados y que estaban ya bajo poder de la Senabico. Esto tras acordar reparar el daño con la entidad estatal.
El juez Osmar Legal dio intervención a la Senabico y decretó medidas sobre tres estancias registradas a nombre del extinto legislador Eulalio “Lalo” Gomes. La Fiscalía hizo el pedido ante el riesgo latente de frustración con la modificación del estado de estas, teniendo en cuenta que también son parte de la investigación por lavado de dinero del narcotráfico.