Santiago Peña

Representantes de los sectores farmacéutico y de la construcción expresaron su creciente preocupación por el aumento de la deuda del Estado con proveedores. Señalan que los atrasos ya superan cientos de millones de dólares y advierten que la situación podría afectar el abastecimiento de medicamentos y el desarrollo de obras públicas si no se ajusta la política fiscal y el presupuesto.

A menos de un mes de haber asumido el cargo, el titular del MIC, Marco Riquelme, ya viajó rumbo a Estados Unidos. Según el decreto presidencial, el titular de la cartera visitará San Francisco y Miami, y participará de una conferencia vinculada a inteligencia artificial.

El Senado aprobó un pálido proyecto de “reforma” de la Caja Fiscal, con lo cual su déficit galopante continuará pesando cada vez más sobre las espaldas de la población. Resta la aprobación de Diputados, pero se da por hecho que se mantendrán los cambios al mínimo, si es que no los relajan todavía más. Gran parte de la culpa recae sobre Santiago Peña, por no animarse a encarar esta difícil reforma cuando debió hacerlo, al inicio de su mandato. A la vez, queda de nuevo demostrado que, con pocas excepciones, los legisladores solo se representan a sí mismos y a pequeños grupos de interés, no al pueblo. El tema de la Caja Fiscal es más simple de lo que quieren hacerlo aparecer. Le ponen muchos nombres, muchas excusas, cínicamente hablan de “sensibilidad social”, pero la realidad es que el 90% de los trabajadores del país, la enorme mayoría de los cuales no tiene acceso a ningún sistema previsional, les financian las jubilaciones de privilegio al 10% restante, que están en el servicio público y perciben ingresos del Estado.

El pasado día 7 el presidente Santiago Peña firmó el documento que crea la Coalición Anticarteles de las Américas, impulsada por el presidente Donald Trump. Algunos de sus objetivos son: Apoyo entre países para desmantelar redes criminales; Intercambio de información e inteligencia; Operaciones conjuntas de seguridad militar.  De nuestra región participan Argentina, Chile, Bolivia. Se entiende que no estén Brasil ni Uruguay. Sus gobiernos no comulgan con la ideología ni los procedimientos aturdidos de Trump. Tampoco están México y Colombia, por los mismos motivos.  

El Poder Ejecutivo extendió hasta el 31 de diciembre de este año, la emergencia penitenciaria en todo el país con el apoyo en la seguridad de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas (FF.AA.). La ley también habilita la gestión de recursos presupuestarios para obras de infraestructura, la compra de equipos tecnológicos de seguridad, de alimentos, contratación de personal, entre otros.