El abogado José León Ávalos Chávez, acusado como supuesto instigador en una causa por soborno agravado derivada de la tentativa de hurto de cheques de Ramón González Daher, obtuvo la suspensión condicional del procedimiento. Para el efecto, el letrado se comprometió a donar G. 10 millones en 20 cuotas a una entidad de beneficencia.
Un procesado por supuesta estafa con cheques y otros hechos, sindicado como “reclutador” del usurero luqueño Ramón González Daher, recusó a la jueza interina de la causa y suspendió su audiencia de imposición de medidas, que estaba prevista para esta mañana. La defensa argumentó que la magistrada no debió convocar la diligencia, en atención a que existe una acción de inconstitucionalidad pendiente de resolución.
El juez penal de garantías José Agustín Delmás elevó a juicio ora y público la causa contra la actuaria Juliana Romero Maciel. La funcionarioa fue acusada por la fiscal Ruth Romero, por presuntamente, modificar datos del expediente de Ramón González Daher y así, extraviarlo en el sistema digital, a modo de obstaculizar la realización del juicio por hurto de cheques, que hoy está en etapa final.
Un juez en lo civil y comercial decretó un embargo de más de G. 1.600.000.000 contra el exministro de la Corte Suprema de Justicia Víctor Manuel Nuñez Rodríguez. Es a raíz de una acción impulsada por Ramón Mario González Daher, quien actualmente cumple en prisión sus condenas por usura y otros delitos.
El fiscal Aldo Cantero volvió a presentar la imputación en contra del condenado Fernando Ramón González Karjallo porque presuntamente sigue alquilando y cobrando por un inmueble que le fue comisado y está a cargo de Senabico. La investigación se inició con una denuncia presentada por la propia ministra Teresa Rojas, quien también atribuyó los mismos hechos a Ramón González Daher, pero en relación con otro inmueble.
La imputación presentada contra Fernando González Karjallo, hijo del usurero condenado a 15 años de cárcel Ramón González Daher, fue devuelta al fiscal Aldo Cantero, debido a que “adolece de defectos formales”, según lo argumentado por el Juzgado de Garantías. El sentenciado a 5 años por lavado de dinero es sindicado ahora por seguir alquilando y cobrando por un inmueble que le fue comisado y ya está registrado a favor del Estado.