8 de junio de 2025
QUYQUYHÓ. El abogado Derlys Martínez, defensor de la intendenta de este distrito, Patricia Corvalán, calificó de “totalmente improcedente” el pedido del fiscal Silvio Corbeta, quien solicitó al juez penal de garantías especializado en delitos económicos, Humberto Otazú, que prohíba a la jefa comunal acercarse a la sede municipal por un presunto conflicto de intereses. Según Martínez, se trata de “un intento de destitución encubierta mediante una medida cautelar”.
El fiscal Silvio Corbeta formuló acusación y solicitó elevar a juicio oral la causa en que están procesadas 14 personas por la supuesta “tragada” de G. 1.100 millones de la Municipalidad de Quyquyhó. Entre los imputados figura la intendenta de dicha ciudad, Patricia Corvalán.
QUYQUYHÓ. Un camión transportador de rollos de eucalipto se volcó ayer a un costado del camino terraplenado. Tras lo ocurrido, solo se registraron daños materiales. Pobladores de la compañía Gral. Caballero se quejan por la falta de reparación y mantenimiento de unos seis kilómetros del camino vecinal.
QUYQUYHÓ. Un joven de 18 años de edad es detenido por el supuesto hecho de abuso sexual en niños. La víctima es una niña menor de 9 años de edad, hijastra del sindicado como autor del hecho. El hecho ocurrió en la compañía Mboi Cae de este municipio. La denuncia realizó la madre ante la Comisaría local.
Pobladores de la compañía Yaguary, de Quyquyhó, denunciaron un nuevo acto patoteril que habría protagonizado supuestamente, ayer el imputado, diputado Esteban Martín Samaniego (ANR-HC). Lo denuncian por romper el retrovisor lateral de un vehículo en el que viajaban niños y adultos, que regresaban de retirar víveres. Un vecino que observaba lo que estaba haciendo le desafió a una pelea física y sus custodios realizaron disparos, que afortunadamente no llegó a mayores.
El juez Humberto Otazú reiteró el pedido de desafuero del diputado colorado cartista Esteban Martín Samaniego Álvarez, a solicitud del fiscal Silvio Corbeta. El legislador está procesado al igual que su esposa, Patricia Corvalán, y otras 21 personas por la supuesta tragada de G. 338.595.000, entre 2011 y 2017 de los fondos de la comuna de Quyquyhó.