5 de abril de 2026

Con una inversión millonaria que orilla los G. 28.000 millones, se construirá la sede del Centro de Atención Integral de la Primera Infancia (CAIPI) en esta comunidad chaqueña. Su objetivo será acompañar y educar a los niños desde los primeros años de vida. Esto fue posible tras la firma de convenio entre autoridades nacionales y representantes de la Iglesia Católica, que posibilita destrabar el conflicto por la propiedad donde se realizará la obra.



La Municipalidad de Puerto Casado se declaró en emergencia distrital debido a las constantes lluvias registradas en la zona chaqueña. A este inconveniente climático se suma la crisis económica que viene soportando el municipio, debido al problema político de hace meses. Hasta la fecha, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no libera el dinero retenido en todo este tiempo de enfrentamiento. Se habla de una deuda que supera los G. 1.300 millones solo en salario de funcionarios.

Recientemente, y luego de más de dos décadas de lucha de los pobladores de esta comunidad chaqueña en busca de legalizar las tierras donde viven hace años, 31 familias obtuvieron sus respectivos títulos de propiedad. Ahora buscan legalizar la donación de 30.000 hectáreas, para que todas las personas del lugar puedan acceder al derecho de la tierra propia.

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) confirmó en el cargo de intendente de Puerto Casado a Domingo Vera Mendoza, alegando que el mismo fue electo por la Junta Municipal para completar el periodo, en reemplazo del electo intendente Hilario Adorno, colorado cartista, condenado a tres años y ocho meses de penitenciaría, tras comprobarse que utilizó dinero público para pagar la primera cuota de la camioneta 0 kilómetro, registrada a su nombre.

La lucha de los pobladores de la localidad chaqueña de Puerto Casado por acceder a la titulación de las tierras donde viven desde hace años comienza a tener resultados. Las primeras 31 familias que recibieron sus títulos de propiedad un proceso en que se contempla un total de 300 titulaciones por medio de una alianza público-privada entre el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) y los propietarios de las tierras, que anteriormente pertenecían a la empresa argentina de Carlos Casado.