8 de abril de 2025
El presidente Santiago Peña inauguró este lunes el “Gran Hospital de Coronel Oviedo”, una obra emblemática que, aseguran, beneficiará a más de 600.000 habitantes del departamento de Caaguazú. Sin embargo, con esta obra también se ha materializado otro caso de “puertas giratorias”. En esta nota te contamos por qué.
La Cámara de Diputados se ratificó en su posición inicial y evitó por ahora dar sentencia de muerte a la ley que previene y castiga casos de conflicto de intereses y “puertas giratorias”. La última palabra la tendrá el Senado, que eliminó artículos claves para garantizarse a sí mismo y otras autoridades impunidad, abriendo una puerta para negociados. Por ahora le evitan otra crisis a Santiago Peña, que es uno de los casos de “puertas giratorias”.
La Cámara de Diputados se ratificó en su posición inicial y evitó por ahora dar sentencia de muerte a la ley que previene y castiga casos de conflicto de intereses y “puertas giratorias”. La última palabra la tendrá el Senado, que plantea eliminar artículos claves para garantizarse a sí mismo y otras autoridades impunidad, abriendo una puerta para negociados. Por ahora le evitan otra crisis a Santiago Peña, al no obligarlo a vetar o promulgar otra ley cuestionada y sobre todo esta, ya que es uno de los casos de “puertas giratorias”.
Durante la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de hoy se prevé tratar la modificación de la ley contra conflicto de intereses -más conocida como puertas giratorias- , que de imponerse la versión propuesta por el Senado, se daría impunidad y reabriría posibilidades a negociados.
Desde la Contraloría General de la República (CGR) hacen un seguimiento cercano del tratamiento de la ley de “puertas giratorias” en el Congreso Nacional y cuya versión planteada por la Cámara de Senadores estaría presentando varias limitaciones para los controles realizados por la institución, aseguran.
Como primer punto del orden del día de la sesión de hoy de la Cámara de Diputados figura para su tratamiento en tercera vuelta, el proyecto de modificación de la Ley Nº 7089/2023, “que establece el régimen de prevención, corrección y sanción de conflictos de intereses en la función pública”, donde los diputados deberán ratificarse en su versión, que es el mal menor, o la versión Senado, que es una sentencia de muerte para la ley vigente.