28 de junio de 2025
PRESIDENTE FRANCO. Concejales municipales de Presidente Franco se reunieron con sus pares de Foz de Yguazú (Brasil) para plantear la conformación de una comisión con el objetivo de promover ante los gobiernos de Paraguay y Brasil la habilitación parcial del Puente de la Integración a partir de diciembre.
De manera unilateral y sin previo aviso, el Gobierno Nacional decidió cancelar la licitación para la construcción de la segunda fase de obras en la terminal portuaria del Puente de la Integración. La noticia cayó como un balde de agua fría entre los pobladores, gremios y autoridades de Presidente Franco, quienes consideran que la decisión podría afectar el desarrollo económico y logístico de la región.
Los pobladores, gremios y autoridades de Presidente Franco están prácticamente en pie de guerra por la cancelación de la licitación de obras complementarias del puente de la Integración. Exigen que el presidente de la República, Santiago Peña, reconsidere su decisión. Esta mañana emitieron un comunicado a la opinión pública.
La suspensión de la segunda etapa de las obras en la futura terminal portuaria en la cabecera del Puente de la Integración podría generar serias falencias, según advierten representantes de gremios y autoridades locales de Presidente Franco. Señalan que la paralización afectaría el desarrollo económico de la zona, por lo que no descartan recurrir a una medida de fuerza.
Representantes de gremios y autoridades locales advirtieron sobre el impacto negativo que podría generar la suspensión de la segunda etapa de construcción de la futura terminal portuaria en la cabecera del Puente de la Integración. Según señalaron, la paralización de las obras provocaría serias deficiencias en la infraestructura y el desarrollo económico de la zona.
Funcionarios de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) cuestionan la suspensión de la licitación para la segunda fase de las obras portuarias en la zona primaria del Puente de la Integración, en Presidente Franco. Denuncian que se trata de una maniobra para favorecer a altos políticos que poseen empresas de puertos privados.