27 de agosto de 2025
El Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande) manifestó su rechazo al proyecto de ley que crea el Ministerio de Industria, Comercio, Turismo, Minas y Energía, porque consideran que la iniciativa “vacía de atribuciones” a la empresa estatal y abre sus puertas a un manejo político y discrecional del sector energético.
En una audiencia pública la Asociación de Bancos del Paraguay expresó su preocupación sobre el proyecto de ley de protección de datos personales. Liz Cramer, representante de la Asoban pidió a la Cámara de Senadores que modifique la normativa que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.
El senador Colym Soroka (ANR, aliado cartista) presentó un proyecto de ley que propone aumentar a G. 1.506.778 el subsidio de los tres últimos excombatientes vivos de la Guerra del Chaco. Con el aumento del subsidio mas la pensión estatal cada veterano percibirá la suma de G. 10 millones.
La Cámara de Senadores aplazó por 30 días, en su última sesión ordinaria, el proyecto de ley “La brecha digital y el acceso a internet como un derecho humano”, impulsado por senadores de la disidencia colorada. Ante la posibilidad de que la norma sea rechazado, la senadora Blanca Ovelar, una de las autoras de la norma, pidió su postergación.
La Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) también expresó su desacuerdo ante el proyecto de ley que busca reducir el horario laboral, de 48 a 40 horas semanales. Señaló que “no es el momento adecuado” para esta discusión, cuando hay otros aspectos más urgentes por atender en el mercado laboral como, por ejemplo, los elevados niveles de informalidad.
La Cámara de Senadores rechazó y devolvió a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que pretendía proteger a niños, niñas y adolescentes contra el criadazgo en el Paraguay. Tampoco tuvo en cuenta la recomendación de la Corte Suprema de Justicia de penalizar la conducta con hasta ocho años de cárcel. Los senadores coincidieron en que deben tener cuidado al modificar el Código Penal porque podrían provocar injusticias e impunidad. “No podemos criminalizar un problema social”, señalaron.