6 de agosto de 2025
La Cámara de Senadores aprobó para la próxima semana el tratamiento del controvertido proyecto de ley de “Protección de datos personales del Paraguay” que cuenta con media sanción de Diputados. La senadora Lilian Samaniego (ANR, independiente) urgió el pedido tras la polémica recolección de datos biométricos del Banco Ueno, exsocios del presidente Santiago Peña a personas que ingresaron a la Expo.
La Cámara de Senadores aplazó por 30 días, en su última sesión ordinaria, el proyecto de ley “La brecha digital y el acceso a internet como un derecho humano”, impulsado por senadores de la disidencia colorada. Ante la posibilidad de que la norma sea rechazado, la senadora Blanca Ovelar, una de las autoras de la norma, pidió su postergación.
La Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) también expresó su desacuerdo ante el proyecto de ley que busca reducir el horario laboral, de 48 a 40 horas semanales. Señaló que “no es el momento adecuado” para esta discusión, cuando hay otros aspectos más urgentes por atender en el mercado laboral como, por ejemplo, los elevados niveles de informalidad.
La Cámara de Senadores rechazó y devolvió a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que pretendía proteger a niños, niñas y adolescentes contra el criadazgo en el Paraguay. Tampoco tuvo en cuenta la recomendación de la Corte Suprema de Justicia de penalizar la conducta con hasta ocho años de cárcel. Los senadores coincidieron en que deben tener cuidado al modificar el Código Penal porque podrían provocar injusticias e impunidad. “No podemos criminalizar un problema social”, señalaron.
El proyecto de Ley que busca reducir el horario laboral a 40 horas semanales despertó reacciones, entre ellas del director de Trabajo del MTESS, Enrique Galeano, quien lo calificó como “un plan interesante”, pero que merece un análisis más amplio y profundo por todas sus implicancias económicas, jurídicas y sociales.
Al igual que la Cámara de Diputados, ahora la Cámara de Senadores también pretende, a través de un proyecto de ley, crear un Instituto Superior de la Academia Legislativa (ISAL) para capacitar a sus funcionarios legislativos para mejorar la calidad de los proyectos de ley. Hace un poco mas de un mes el Senado aprobó de forma inconstitucional dos pedidos de informes, pese a la cantidad de asesores que tienen y a los “aumentazos” que recibieron desde este año.