13 de noviembre de 2025

El senador Mario Varela, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, mantuvo una reunión con Bachi Núñez, presidente de la Cámara de Senadores, para tratar de avanzar en el proyecto de ley. Manifestó que a finales de este mes se podría tener media sanción, ya con las modificaciones correspondientes.


Pese a la reciente ola de atentados contra comunicadores, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado por falta de quorum dejó ayer sin dictamen el proyecto de ley de protección a periodistas y defensores de los derechos humanos. La iniciativa figura en el orden del día de la sesión de hoy. Los liberocartistas buscaron limitar el libre periodismo y allanar sus demandas por “calumnias”.

La Cámara de Senadores aprobó una declaración en la que repudia los recientes ataques y amenazas contra periodistas en Paraguay e insta al Ministerio Público a llevar adelante una investigación pronta, exhaustiva e imparcial, con el objetivo de garantizar justicia y evitar la impunidad.

El senador Mario Varela, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, confirmó que el proyecto de ley de protección a periodistas sería aprobado con una modificación principal, pero a su vez, con la intención de evitar otras alteraciones que puedan desviar el “espíritu” de la legislación.

La Comisión de Derechos Humanos (DD.HH.) de la Cámara de Senadores realiza esta mañana a una Audiencia Pública sobre el proyecto de ley “De protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos”, que se realizará en la Residencia Universitaria del V departamento de Caaguazú, en la ciudad de Coronel Oviedo.
Muy pocas veces la vorágine informativa y la “dictadura” de la inmediatez nos permiten reflexionar acerca de los desafíos que enfrenta el periodismo paraguayo en esta segunda década del Siglo XXI. A modo de autocrítica tenemos como deuda los espacios permanentes de formación y debate sobre temas actuales como la IA, las fake news, la polarización política y la desinformación. Por otro lado, una gran preocupación es la carencia de mecanismos de protección consolidados ante las amenazas del poder político y el crimen organizado.