Producto Interno Bruto (PIB)

Si una empresa o una persona hace sus cuentas y en el cálculo no considera los “monos” que tiene distribuidos por todas partes, es obvio que así es muy fácil llegar en los papeles a un saldo positivo o a una pérdida pequeña y controlable. Pues es exactamente eso lo que hace el Gobierno con las finanzas públicas y la contabilidad estatal. El Ministerio de Economía y Finanzas informó que el déficit anualizado a enero de 2026 es del 2% del PIB y ratificó que este año retornará al tope del 1,5% del PIB establecido en la perforada Ley 5098/2013, de “responsabilidad fiscal”. Pero ello no toma en consideración deudas vencidas con proveedores y contratistas, que al menos duplican el saldo rojo anual. No se puede construir un país serio con autoengaños. Se tiene que informar con la verdad a la población, tiene que haber un sinceramiento y se tienen que asumir responsabilidades.

En el escenario macroeconómico latinoamericano, la relación de los países con el Fondo Monetario Internacional (FMI) vuelve a ocupar un lugar central en la agenda económica en 2026. De acuerdo con Bloomberg en Línea, Argentina lidera el ranking de países más endeudados con el organismo en América Latina y el Caribe (ALC), seguida por Ecuador y Costa Rica, en un contexto donde los desafíos fiscales y externos siguen marcando el ritmo de la región.

Tradicionalmente, el producto interno bruto (PIB) ha sido el rey de las métricas. Sin embargo, la conversación global en foros, entre líderes, economistas y organismos internacionales es que el PIB solo mide el tamaño de la economía, pero no la calidad de la vida humana. Ante esto nos saltan dos interrogantes incómodas: ¿Estamos construyendo un país con mejores números o un país con mejores oportunidades para sus ciudadanos? y ¿cómo medir efectivamente la prosperidad?

La deuda pública total al final del año 2025 alcanzó US$ 20.409 millones, que representa un aumento de US$ 2.326 millones comparado con el cierre del año 2024. El monto de la deuda representó entonces el 41,2% del PIB.

El déficit de la Caja Fiscal dejó de ser una cifra técnica reservada a informes actuariales y pasó, en los últimos años, a convertirse en una variable con impacto directo sobre la disponibilidad de recursos públicos para otras áreas del Estado. Los datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) muestran que en 2025, el desbalance del sistema previsional del sector público fue de US$ 380 millones. De ese total, US$ 210 millones correspondieron al Programa No Civil y US$ 170 millones al Programa Civil. Para cubrir esa brecha, el financiamiento provino de dos fuentes: US$ 210 millones en impuestos y US$ 170 millones en excedentes fiscales.