La Procuraduría informó que el remate de las viviendas de las 32 familias que debían beneficiarse con un préstamo de la entonces Senavitat, a través de una cooperativa de nombre Covitava, dependerá del proceso judicial en curso. Asimismo, la institución negó que haya solicitado G. 900 millones a las familias y aseguró que fue una mala interpretación de las explicaciones.
El procurador general de la República informó que detectaron la existencia de una aparente estancia en la Finca 916, en zona de Villa Hayes, que pertenece al Estado paraguayo. Junto con el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) y otras instituciones, se están realizando inspecciones con drones.
El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), con patrocinio de la Procuraduría General de la República (PGR), recusó al ministro de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Ríos, de entender en las acciones de inconstitucionalidad promovidas por “Pro Confort Paraguay SACI” y “LA Business” para ingresar productos al mercado paraguayo “puenteando” el Código Sanitario y normas afines. Con la venia de la máxima instancia del Poder Judicial, desde hace casi una década que empresas desconocidas han logrado importar alimentos, bebidas y afines sin las exigencias que rigen para garantizar la seguridad e inocuidad de los mismos.
La Cámara de Apelaciones confirmó la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR) en la causa que investiga la presunta lesión de confianza con el fallido metrobús, que ocasionó un perjuicio de US$ 25 millones al Estado. Ahora el juzgado de Garantías tiene vía libre para fijar nuevamente fecha para la audiencia preliminar, a fin de resolver si el ex ministro de Obras Públicas Ramón Jiménez Gaona va a juicio oral.
Las medidas cautelares otorgadas por la Corte, que permiten la importación de alimentos y bebidas sin registro sanitario, generan desigualdad en el mercado y ponen en riesgo la salud de los paraguayos. Así lo afirmó el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marco González, que impulsó acciones intentando contener la “lluvia de pedidos” de firmas, varias de ellas de maletín, que quieren “puentear” las normas sanitarias.
La empresa Mota Engil presentó ayer una acción de inconstitucionalidad con el objetivo de cobrar los US$ 19 millones que un laudo arbitral había condenado a pagar al Estado paraguayo a favor de la empresa portuguesa, como consecuencia del fallido proyecto del metrobús. Esta sentencia había sido parcialmente anulada por un tribunal de la capital, lo que redujo la condena a US$ 2,6 millones. Sin embargo, la empresa extranjera ahora insiste ante la Corte Suprema para que se le pague el monto originalmente establecido en la sentencia internacional.