La Asociación de Abogados Laboristas del Paraguay emitió un comunicado, este martes, donde califica de indebida la intervención de la Procuraduría General de la República del Paraguay en los juicios laborales de Copaco SA.
El fiscal Diego Arzamendia pidió desestimar la denuncia presentada contra los “ocupantes vip” de la Finca 916, ubicada en Villa Hayes, por supuesta lesión de confianza, invasión de inmueble ajeno, estafa, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal. Estas tierras del Estado iban a ser despojadas a través de una ley, en la cual uno de los proyectistas fue el actual presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, cartista). No se conocen los argumentos para la desestimación.
Los titulares del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) y la Procuraduría General de la República (CGR) denunciaron formalmente ante el JEM a la jueza que otorgó un amparo a la Universidad Autónoma San Sebastián para la apertura de la carrera de Medicina.
La Procuraduría General de la República (PGR) informó que esperan que este año se defina el recurso de nulidad que presentaron contra el laudo arbitral del fracasado metrobús, ante el tribunal de apelación en lo civil y comercial de la capital. Con esto se busca invalidar la sentencia que condena al Estado a pagar casi US$ 17 millones a la empresa Mota Engil.
El procurador General de la República, Marco Aurelio González, explicó los motivos por los que se rechazó la demanda de la Asociación de los Excombatientes del 2 y 3 de febrero de 1989 contra el Estado paraguayo. El monto que reclamaban los miembros de la asociación ascendía a G. 291.335.166.000, unos US$ 40.463.217 que sería distribuido entre 900 asociados.
El procurador General de la República, Marco Aurelio González, confirmó ayer que recurrieron a los diferentes fueros laborales para levantar los embargos de bienes de Copaco, que hasta ahora suman G. 27.000 millones. Esto tras demandas de funcionarios jubilados que pretenden cobrar millones como “premio” de retiro, previsto en el contrato colectivo de trabajo.