21 de octubre de 2025
El clan González habría facilitado que el municipio capitalino avance en la ejecución de una deuda de G. 75.235 millones del Instituto de Previsión Social, luego de que la Procuraduría no presentara en plazo la fundamentación de un recurso crucial. Entonces, Marco Aurelio González era procurador y su hermano José, nada menos que el director jurídico de la previsional.
La designación del procurador general de la República, Marco Aurelio González, como vicedecano de la Facultad de Derecho de la UNA es nula, según el abogado Hugo Estigarribia. Esta irregularidad acarrea la nulidad de sus actuaciones y podría concluir con la intervención de la casa de estudios.
Para el abogado constitucionalista Hugo Estigarribia, que el procurador general de la República, Marco Aurelio González, ocupe el cargo de vicedecano de la Facultad de Derecho de la UNA es violatorio de la ley y podría ser causal de Juicio Político. Asegura que, salvo que tenga el aval de una acción de inconstitucionalidad o una medida cautelar, debería apartarse de uno de ellos.
Un Tribunal de Sentencia Unipersonal hizo lugar a la demanda planteada por la Procuraduría General de la República (PGR) y condenó a los exministros de Agricultura y Ganadería (MAG) Enzo Cardozo y Rody Adán Godoy; y a la exdirectora de Administración y Finanzas de la institución Maristela Azuaga, a reparar el perjuicio por casi G. 69.000 millones, causado al Estado entre 2012 y 2013. Actualmente, Cardozo y Azuaga cumplen condenas a 10 años de cárcel y Godoy a 7 años de cárcel, por el millonario desvío en la cartera estatal.
El juicio de reparación del daño en contra de los exministros de Agricultura y Ganadería Enzo Cardozo y Rody Adán Godoy y la exdirectora de Administración y Finanzas de la institución Maristela Azuaga continúa este lunes, a las 10:00, con los alegatos finales de la última defensa. El Estado, a través de la Procuraduría General de la República (PGR), exige casi G. 69.000 millones a los condenados.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) lanzó una nueva convocatoria de acreedores, con resoluciones judiciales firmes, para celebrar acuerdos que pongan fin al conflicto y obtener de esa manera prioridad en el cobro, pero a cambio de una quita a favor del Estado paraguayo.