7 de agosto de 2025
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El Presidente de la República, Santiago Peña (ANR-HC) sumó en este segundo semestre del año un nuevo pedido de ampliación presupuestaria, en este caso para la creación de más cargos de funcionarios permanentes en la administración pública.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dio a conocer la lista de instituciones públicas que presentaron y aquellas que no presentaron el informe de gestión presupuestaria correspondiente al primer semestre del año.
La Presidencia de la República emitió otros cinco decretos que autorizan al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a ampliar créditos presupuestarios, más las cuotas de ingresos y gastos del plan financiero, así como la transferencia de créditos y el cambio de fuente de financiamiento dentro del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025.
Las entidades binacionales no son los únicos únicos organismos que eluden a la Contraloría General de la República (CGR), encargada de supervisar las actividades económicas y financieras del Estado, de los departamentos y de las municipalidades. En efecto, son numerosos los que aparentemente buscan que su posible mala administración sea avalada por el Tribunal de Cuentas (TC), sin ser auditados por el órgano contralor por excelencia; invocan un fallo de la Corte Suprema de Justicia que encargó a esa dependencia judicial juzgar también las cuentas de inversión presupuestarias, tras una acción de inconstitucionalidad promovida en 2003 por la propia Corte Suprema de Justicia y algunos intendentes. Ahora, el contralor Camilo Benítez se muestra “muy preocupado” porque los senadores aprobaron un proyecto de ley que, modificando el sancionado por la Cámara Baja, faculta a dos de las nuevas salas a juzgar las cuentas de inversión del Presupuesto nacional.
El Poder Ejecutivo emitió ayer dos nuevos decretos para autorizar al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a que aumente el presupuesto de las instituciones públicas, esta vez por un monto total de G. 12.562 millones (US$ 1,6 millones al cambio vigente).
Con el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026 culminará el proceso de convergencia fiscal al 1,5% del PIB, establecido en la ley de responsabilidad fiscal, aseguró ayer el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos.