El gasto total ejecutado para el financiamiento de los salarios públicos de la administración central aumentó 8,3 veces en 22 años, según un estudio que dio a conocer ayer la fundación Desarrollo en Democracia (Dende). Informa que el Estado es el principal empleador del país.
En los últimos cinco años, pese a la pandemia, se crearon 18.714 nuevos cargos públicos permanentes, según el anexo de personal del Presupuesto General de la Nación. Sin embargo, en contrapartida, por citar un ejemplo, el colegio Juana Pabla Carrillo de San Estanislao, donde anualmente se matriculan 70 alumnos, volverá a iniciar las clases bajo árboles porque ni el MEC ni ninguna otra instancia pública atienden el reclamo de poner en condiciones aulas en peligro de derrumbe, construidas hace más de veinte años y jamás sometidas a ningún tipo de mantenimiento. Esto dista de ser un hecho aislado o simplemente anecdótico. Al contrario, ilustra perfectamente la crítica situación actual del Estado paraguayo.
Más de 10 representantes de asociaciones oncológicas y otras enfermedades crónicas se reunieron esta mañana con los parlamentarios Basilio “Bachi” Núñez (ANR) y Rocío Abed (ANR) para reclamar la falta de fármacos y el recorte de fondos al presupuesto 2023. Los pacientes pidieron soluciones reales y no ser utilizados para el proselitismo.
Unas 25 drogas contra el cáncer están con stock cero, según el reclamo de los pacientes oncológicos, que salieron ayer a denunciar la grave situación. Manifestaciones en reclamo fueron realizadas en Asunción y Ciudad del Este. Los afectados criticaron también el recorte de US$ 13 millones que sufrió el presupuesto 2023 para el Ministerio de Salud, para la lucha contra el cáncer.
Seis asociaciones representantes de pacientes con cáncer y otras enfermedades crónicas, mostraron su descontento tras la aprobación del Presupuesto General de la Nación para el 2023, que aplicó una reducción de fondos de unos US$ 13 millones a la atención de la población con enfermedades oncológicas. A través de un comunicado, calificaron de criminal la limitación de recursos.
El presupuesto del Instituto Nacional del Cáncer (Incan) sufrió un duro golpe. Al establecimiento de salud le asignaron G. 95 mil millones (casi US$ 13 millones) menos que el año pasado. Los fondos se recortan principalmente en medicamentos. Mientras, los pacientes recurren a amparos colectivos para seguir sus tratamientos.