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El canciller Rubén Ramírez Lezcano trató de justificar el bochornoso enchufe de Yamida Esgaib, hija del impresentable diputado Yamil Esgaib, en la sede diplomática paraguaya en Londres. Invocó la ley relativa al servicio diplomático y consular y al administrativo y técnico de la cartera a su cargo. Es cierto que esta norma permite la incorporación transitoria de personas ajenas al escalafón diplomático y consular –sin calificarla de “política”–, pero solo bajo ciertas condiciones que el canciller prefirió omitir por motivos comprensibles. Es para poner en el servicio exterior a gente capacitada para servir al país en circunstancias especiales, y no para regalar cargos diplomáticos a politicastros obsecuentes y “nepobabies” caraduras.

Tras la caída de la dictadura, cierto “seccionalero” del departamento de Ñeembucú se quejó con amargura de que él y sus pares ya ni siquiera podían nombrar a maestras. Ahora, por lo visto, las cosas han vuelto a su lugar, según surge de los dichos de Blanca Ávalos, dirigente de la Organización de Trabajadores de la Educación, en un acto realizado en la capital con motivo del Día del Maestro: “Lastimosamente, hoy en día hurreros acceden a cargos en lugar de compañeros con perfil; esto se hace a través de los llamados cargos interinos”, para dar rubros a los “amigos”, en vez de nombrar a quienes ya trabajaban en el aula con los mismos rubros. La educación no puede seguir siendo un botín de politiqueros ignorantes y codiciosos.

En los últimos ocho meses, casualmente con el regreso del cartismo al poder el 15 de agosto, una avalancha de políticos de Honor Colorado y fiscales “amigos” a este sector fueron “perdonados”. Resulta sospechosa la coordinación entre Fiscalía, algunos jueces y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, a cargo de Alicia Pucheta, designada por el Gobierno de Santiago Peña. En cambio, imputaron a varios opositores al cartismo.

Un apetecible negocio político es la creación de distritos con atributos de municipio, aun en poblados que no reúnen requisitos suficientes para serlo. Con su constitución en tal, cada distrito recibe inmediatamente el beneficio del Fonacide y los royalties de Itaipú. Plata dulce sin ningún trabajo. La descentralización es una mentira. Una mayoría de los municipios dependen del aporte del poder central. Y, sobre todo, de Itaipú.

Petropar pretende entregar a privados ocho de sus estaciones de servicios propias, por las que en su momento invirtió casi G. 35.000 millones. Eddie Jara, quien viajó a Dubái, sigue sin explicar bajo qué ley o normativa se realizará esta “concesión”. Según el pliego, solo los operadores de la estatal podrán “ofertar”, varios de ellos vinculados a políticos colorados como Pedro Alliana, Bachi Núñez, Juan Carlos Baruja y varios otros más.