políticos

El abogado Jorge Rolón Luna recordó que la relación entre agentes públicos, políticos y las drogas, es algo que se arrastra desde los años 60 y que tuvo al expresidente Andrés Rodríguez como uno de los casos más emblemáticos. Sostuvo que para quebrar esta relación debe aparecer una nueva camada de dirigentes políticos, remarcando que en la ANR hay demasiada tolerancia con personas relacionadas al narcotráfico, el cual sirve como recaudador para las campañas políticas.

Se suele decir que en el Paraguay existen delitos, pero no delincuentes. Y así ha de ser porque con mucha frecuencia se denuncian o se publican escandalosos faltantes de dinero público, pero rara vez aparecen los responsables, y, si aparecen, no es raro que alguna sentencia judicial absuelva a los responsables, o le aplique alguna pena mínima, luego de largos procesos bombardeados con chicanas, al punto de que cuando concluyen, el caso ya se ha enfriado u olvidado. De recuperar lo robado, ni hablar. A lo sumo, alguna donación insignificante a alguna entidad de beneficencia, o algún trabajo comunitario ínfimo para el responsable. Sobre todo si el caso involucra a un político con apoyo en el Gobierno de turno. Es hora de demostrar que en el Paraguay no solo hay delitos sino también hay delincuentes, y que estos reciben el condigno castigo.

El juglar de nuestra música Francisco Russo está recorriendo el país desarrollando un proyecto educativo pedagógico denominado 17 departamentos cantan al heroísmo paraguayo, con el cual pretende revalorizar a los autores y compositores de nuestro acervo nativo.

Petropar dilapidará G. 15.000 millones en la instalación de “imagen corporativa” en las 230 estaciones de servicio que operan bajo su emblema. La estatal ya concesionó sus nueve gasolineras, pero aún gastará millones para mejorar los servicentros de sus operadores, varios de los cuales son políticos colorados.

La abstención de los cancilleres de cuatro países iberoamericanos, entre otros, impidió que el Consejo Permanente de la OEA inste al Consejo Nacional Electoral de Venezuela a realizar “una verificación integral” de los resultados de los últimos comicios, publique de inmediato las actas electorales y declare “una prioridad absoluta de salvaguardar los derechos humanos fundamentales” en dicho país, sobre todo el de “manifestarse pacíficamente, sin represalias”. Llama la atención que sus gobernantes, como el brasileño Lula da Silva, o algunos políticos paraguayos, hayan cuestionado seriamente las barbaridades que ocurren en Venezuela, pero son incapaces de condenar a Maduro. Incongruencias –o hipocresías– que benefician al dictador.