26 de julio de 2025
La Comisión Nacional de la Competencia, presidida por Eduardo Neri González, se apura a actuar cuando se trata de ponerse del lado de quienes detentan el poder, pero se lava olímpicamente las manos en cualquier asunto que de alguna manera pueda entrar en conflicto o disgustar a los de “arriba”. El último caso fue la indisimulada amenaza a empresas del ramo de combustibles por atreverse a elevar sus precios en contra de la posición oficial, mientras, por ejemplo, pone inadmisibles excusas para abstenerse de investigar la recurrente política de “dumping” de Petropar. Nada en absoluto hace ante la evidente competencia desleal de la empresa estatal, que hace años tiene precios artificiales, al punto de que acumula pérdidas por más de 60 millones de dólares en sus tres últimos ejercicios.
Petropar dilapidará G. 15.000 millones en la instalación de “imagen corporativa” en las 230 estaciones de servicio que operan bajo su emblema. La estatal ya concesionó sus nueve gasolineras, pero aún gastará millones para mejorar los servicentros de sus operadores, varios de los cuales son políticos colorados.
La abstención de los cancilleres de cuatro países iberoamericanos, entre otros, impidió que el Consejo Permanente de la OEA inste al Consejo Nacional Electoral de Venezuela a realizar “una verificación integral” de los resultados de los últimos comicios, publique de inmediato las actas electorales y declare “una prioridad absoluta de salvaguardar los derechos humanos fundamentales” en dicho país, sobre todo el de “manifestarse pacíficamente, sin represalias”. Llama la atención que sus gobernantes, como el brasileño Lula da Silva, o algunos políticos paraguayos, hayan cuestionado seriamente las barbaridades que ocurren en Venezuela, pero son incapaces de condenar a Maduro. Incongruencias –o hipocresías– que benefician al dictador.
Petropar está por adjudicar una millonaria licitación para el mantenimiento de máquinas expendedoras de 275 estaciones de servicios que operan con el emblema a nivel país, por un monto máximo de G. 6.000 millones. Varios servicentros de políticos serán los beneficiados.
El terrible drama que vienen pasando los enfermos de cáncer en nuestro país conmueve hasta a los más indiferentes. El abandono en la atención y provisión de medicamentos que relatan los afectados es para cuestionar seriamente a las autoridades, de este Gobierno y los anteriores, pues se tiene la sensación de que estos seres humanos sufrientes son considerados ya descartables, mientras se despilfarran recursos para poner contenta a la clientela de los que mandan, como ocurre, por ejemplo, con los afortunados “nepobabies”. Y, lo peor, en el caso de los enfermos oncológicos, como lo han denunciado en estos días esas víctimas del abandono, se les miente sin asco.