25 de febrero de 2026
De acuerdo a lo expuesto ante la Comisión Permanente del Congreso por la Coordinadora que reúne a unas 17.000 víctimas de la “mafia de los pagarés”, la trama delictiva en la que aparentemente participaron jueces, actuarios, ujieres, oficiales de Justicia y abogados se queda hoy con al menos 51.000 millones de guaraníes mensuales, a través de juicios ejecutivos presuntamente fraudulentos, iniciados y concluidos por deudas ya saldadas o dando curso a documentos falsos y a fotocopias de pagarés sin firma o sin fecha, entre otras canalladas. El hecho implica la persistencia de un saqueo que, según la Coordinadora, se remota a más de una década, en gravísimo perjuicio de miles de familias que cayeron en las garras de unos desalmados que habrían generado más de 120.000 expedientes judiciales.

El camarista Dr. Jorge Barboza advirtió ayer que la eventual sanción de la reforma de la Caja Fiscal provocaría la jubilación inmediata de hasta el 40% de los magistrados del país, que afectaría gravemente el funcionamiento del Poder Judicial. Criticó el apuro del parlamento en esta etapa del proceso.

El abogado Carlos Trapani y el politólogo Marcelo Lachi coincidieron en que el país tuvo un gran retroceso jurídico y democrático durante el 2025 con leyes y otras modificaciones en materia al acceso a la información pública. Indicaron que el sistema clientelar afectaría al cartismo en las elecciones internas del 2027 que terminaría por dejarlo fuera de carrera a la presidencia.

SAN PEDRO. Un funcionario del Hospital Regional de San Pedro de Ycuamandyyú hirió con arma de fuego a su pareja y a una amiga de esta, quien se desempeña como funcionaria del Poder Judicial, y posteriormente se dio a la fuga, según informaron fuentes policiales.

La abogada y activista anticorrupción María Esther Roa cuestionó duramente la promulgación de la ley que restituye las circunscripciones judiciales a los ministros de la Corte Suprema de Justicia, al considerar que la medida consolida un sistema de “feudalismo judicial” y evidencia una creciente injerencia política en el Poder Judicial.