5 de junio de 2025
Un tribunal de Amambay condenó a una mujer identificada como Luisa Martínez a 7 años de cárcel luego de encontrarla culpable del hecho punible de tenencia de drogas peligrosas. Un dato curioso es que la Fiscalía publicó en su portal que el juicio se hizo íntegramente en guaraní, mientras desde el Poder Judicial dicen que fue en castellano y guaraní.
En su translación fiel del latín, quid pro quo significa “algo a cambio de algo que se recibe a cambio de otra cosa”. Nunca tres palabras de origen latino son tan apropiadas en nuestro medio, en particular en la esfera política sin descartar en la del Ministerio Público y Judicial y en el privado. Sobrados casos y ejemplos los hay y muchos.
Continúa el drama de la falta de terapia neonatal en Pedro Juan Caballero. Un juez de esta ciudad tuvo que firmar una orden judicial a petición de una defensora pública para que un prematuro reciba atención en un servicio de cuidados intensivos neonatales; finalmente lo ingresaron esta mañana en un sanatorio privado de Coronel Oviedo.
CORONEL OVIEDO. La actuaria judicial del Juzgado de la Niñez y Adolescencia del Poder Judicial de esta ciudad, Mirta Estigarribia, se ve salpicada por un audio filtrado en el que la misma habla sobre la manipulación de un caso a favor de un denunciado. Según el audio, aparentemente enviado por WhatsApp, la mujer asegura que tiene el poder de incidir en el resultado de un fallo judicial.
Una serie de maniobras judiciales benefició a un narcotraficante que había sido detenido con 17,400 kilogramos de cocaína de alta pureza. El mismo no solo fue privilegiado con un procedimiento abreviado, sino también con una ínfima pena de solo dos años, con suspensión de la condena a prueba. El juez que dictó la sentencia fue Carlos Vera Ruiz, quien argumentó que la delación permitió aplicar el fallo, el cual no fue cuestionado por el Ministerio Público.
Una auditoría del 25 de julio de 2023 del Poder Judicial reveló groseras irregularidades en la Dirección de Mediación, a cargo de Gladys Alfonso de Bareiro, tía del “significativamente corrupto” para EE.UU. y extitular del JEM Jorge Bogarín Alfonso. Sugestivamente, a pesar de la contundencia del informe, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) hasta la fecha no emitió resolución alguna como tampoco sancionó a nadie. Los auditores encontraron entre otras graves anomalías el uso para fines particulares del vehículo asignado a esa dependencia.