Poder Judicial

En los primeros días de septiembre se registró un extraño caso, en el que un hombre intentó obtener información relacionada a la jueza Rosarito Montanía. Esto fue denunciado por funcionarios del Poder Judicial y derivó en la intervención de la Policía Antisecuestro y del fiscal Lorenzo Lezcano, quien lo liberó al considerar que no se constataba un hecho punible.

Una persona, cuyo nombre no se dio a conocer, habría sido demorada y posteriormente liberada por la Fiscalía luego de haber indagado datos sobre jueces que llevan casos importantes, como el crimen organizado y otros.

La mafia de los pagarés dejó un tendal de víctimas en todo el país que sufren descuentos ordenados en reclamo del pago de compromisos ya cancelados o que superan con creces las deudas originales. La acusación presentada con relación a las irregularidades detectadas en el juzgado de Paz de la Catedral, 2° turno, revela casi una veintena de remates decretados en juicios espurios.

Los requerimientos conclusivos presentados por la Fiscalía en el caso “mafia de los pagarés” exponen los entretelones de la operativa de los juzgados para llevar adelante cientos de juicios impulsados en forma masiva por empresas crediticias. Millonarios pagos semanales que llegaban hasta la jueza, control con cámaras y micrófonos y las empresas “mimadas”, fueron revelados por los funcionarios.

Esta semana el concepto de “derechos humanos” retumba con fuerza en la sede del Poder Judicial, debido a la visita de los jueces de la Corte Interamericana que celebran su 180º Periodo de Sesiones en territorio paraguayo. Nuestras autoridades se han esforzado en presentar la mejor imagen en materia de derechos humanos, presentando al Gobierno como un garante ejemplar de la libertad de expresión, como si los visitantes desconocieran la realidad de las constantes violaciones, más aún en los últimos tiempos. Hoy por hoy las decisiones en el Congreso se toman según el interés coyuntural de un grupo dominante con mayoría suficiente para hacer y deshacer a su antojo, colocando a sus “leales” en puestos claves como el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y el Consejo de la Magistratura, sin importar que carezcan de idoneidad o, incluso, de título universitario. Estas son instituciones que debieran garantizar la independencia y estabilidad de los jueces y fiscales, pero que en manos equivocadas, solo sirven para someter a la Justicia.