Petróleos Paraguayos (Petropar)

Emblemas privados reportan caídas de hasta 50% en sus ventas tras subir los precios de combustibles, mientras Petropar mantiene valores congelados. Desde el sector advierten que la estatal estaría vendiendo a pérdida, pese a que acumula millonarias pérdidas financieras.

La Comisión Nacional de la Competencia, presidida por Eduardo Neri González, se apura a actuar cuando se trata de ponerse del lado de quienes detentan el poder, pero se lava olímpicamente las manos en cualquier asunto que de alguna manera pueda entrar en conflicto o disgustar a los de “arriba”. El último caso fue la indisimulada amenaza a empresas del ramo de combustibles por atreverse a elevar sus precios en contra de la posición oficial, mientras, por ejemplo, pone inadmisibles excusas para abstenerse de investigar la recurrente política de “dumping” de Petropar. Nada en absoluto hace ante la evidente competencia desleal de la empresa estatal, que hace años tiene precios artificiales, al punto de que acumula pérdidas por más de 60 millones de dólares en sus tres últimos ejercicios.

Pese a que Doha Holding no cumplió con la entrega de una sola gota de gasoil, Petropar resolvió otorgarle una sexta prórroga, alegando que por el precio “vale la pena seguir esperando”. En Diputados, un intento de instar a la ejecución de la garantía de más de US$ 3 millones fue frenado por la bancada cartista. “Nadie se anima a cobrarle la garantía a Alejandro Domínguez”, aseguró un parlamentario

Petropar mantiene un llamativo silencio respecto a la posible sexta prórroga a la firma catarí Doha Holding, ligada a Alejandro Domínguez Pérez, que sigue sin entregar una sola gota de gasoil. Pese a los reiterados incumplimientos, la estatal no ejecuta la millonaria garantía ni rescinde el contrato.

Hoy vence la quinta prórroga que Petropar concedió a la firma catarí Doha Holding, vinculada a Alejandro Domínguez Pérez, hijo del presidente de la Conmebol. A nueve meses del contrato, la empresa aún no entregó una sola gota de gasoil, mientras la estatal maneja con total hermetismo una posible sexta extensión que, una vez más, solo postergaría la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento por más de 3 millones de dólares.