La pasividad de la CGR y la DNCP ha sido cuestionada, ya que siguen sin actuar ante el incumplimiento del contrato entre Petropar y la empresa catarí Doha Holding, vinculada a Alejandro Domínguez Pérez. La firma sigue sin entregar el gasoil, a pesar de haber vencido la tercera prórroga otorgada por la petrolera estatal. La CGR informó que está ‘revisando’ los documentos, pero la DNCP y Petropar permanecen en silencio.
Tras la tercera prórroga otorgada por Petropar a la firma catarí Doha Holding, el plazo del contrato vence este viernes 28 de febrero. Sin embargo, desde la petrolera pública nadie explica dónde se encuentra el carburante. El presidente de la República, Santiago Peña, dijo que su Gobierno seguirá esperando por el tan ansiado combustible.
La DNCP confirmó que no tiene previsto investigar el contrato de Petropar con la firma catarí Doha Holding Group LLC, vinculada a Alejandro Domínguez Pérez, mostrando una sospechosa complacencia en este caso, a pesar de los incumplimientos en la entrega del gasoil. El ente argumenta que no ha recibido protestas ni denuncias, obviando que tiene la facultad de investigar de oficio, ante la información pública que se tiene del proceso. Este viernes vence el plazo de la tercera prórroga otorgada por la estatal a la compañía.
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Eddie Jara, presidente de Petropar, volvió a aparecer ayer tras meses de ausencia pública y se reunió con el presidente Santiago Peña. Durante el encuentro, habrían abordado sobre la polémica compra de gasoil a la firma catarí Doha Holding, vinculada al hijo del presidente de la Conmebol Alejandro Domínguez Pérez. Jara evitó dar explicaciones sobre el paradero del combustible y las prórrogas otorgadas a esta empresa en contravención a la ley de Contrataciones.
Finalmente, Petropar respondió al pedido de informe de la Contraloría respecto a la cuestionada compra de 100.000 toneladas métricas de gasoil a la firma catarí Doha Holding Group LLC, vinculada al hijo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez Pérez. El ente de control inició la revisión de la documentación, y el resultado de este proceso determinará si se abrirá una auditoría o fiscalización, según informó el subcontralor Augusto Paiva.