En un comunicado, la empresa estatal Petróleos Paraguayos S.A (Petropar) expresó su respaldo al Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN) y condenó el acto de violencia ocurrido en la localidad de Tavapy, en el que una funcionaria de la mencionada institución resultó víctima de un hombre violento. La petrolera instó a las autoridades a tomar medidas para garantizar la seguridad de los trabajadores.
Recién el mes pasado, después de que la DNCP retuviera las adendas rubricadas por Petropar para otorgar más plazos a la empresa catarí Doha Holding Group, la estatal elaboró tres dictámenes para justificar las prórrogas concedidas a dicha empresa. En estos documentos, la estatal insistió en el precio “milagroso” para seguir favoreciendo a la compañía extranjera, cuyo gasoil sigue sin aparecer.
Petropar alertó sobre ciertos intentos de estafa usando su marca en redes sociales y canales digitales, promoviendo falsas oportunidades de inversión. La petrolera aclaró que estos mensajes no provienen de sus cuentas oficiales y recomendó que siempre se verifiquen las fuentes oficiales.
Petropar extendió hasta el 31 de marzo el plazo para provisión de la firma catarí Doha Holding Group LLC, a pesar de las serias observaciones realizadas por la DNCP a las primeras adendas que ampliaron los plazos. Contrataciones cuestionó que la estatal haya prorrogado la vigencia del contrato sin establecer fechas de entrega del combustible, pero aún no ha abierto una investigación de oficio.
La empresa pública Petropar apeló a la firma Doha Holding Group LLC, creada en Catar en diciembre de 2023 por un enigmático jeque local y representada en nuestro país por Alejandro Domínguez Pérez, hijo del presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez Wilson-Smith. La firma catarí incumplió el contrato firmado por dos meses en septiembre de 2024, y ya consiguió cuatro prórrogas, otorgadas contra la Ley de Suministro y Contrataciones Públicas. Petropar había recurrido al “procedimiento especial” de contratación directa para comprar cien mil toneladas métricas del combustible por unos 61 millones de dólares, un precio muy inferior al del mercado internacional. La ley antes citada exige que los contratistas tengan capacidad económica, financiera y técnica. Resulta así inevitable sospechar que la operación fue montada contra el interés público, sin que haya inquietado a las instituciones de control.
Tras varios incumplimientos, Petropar volvió a otorgar una cuarta prórroga a la firma catarí Doha Holding Group LLC para la entrega de gasoil. El contrato, firmado en septiembre del año pasado, ha sido ampliado varias veces sin que la empresa cumpla con su obligación. A pesar del empecinamiento en la extensión de los plazos, la DNCP aún no ha investigado la situación, pese a que expertos advierten que las prórrogas violan la ley vigente.