29 de abril de 2025
El Juzgado de Garantías fija, una vez más, fecha para la audiencia preliminar de la intendenta de Quyquyhó Patricia Corvalán (ARN-HC), esposa del diputado cartista Esteban Samaniego, para finales de mayo para saber si subirá al “banquillo de los acusados” por una supuesta malversación de G. 1.108 millones.
Andrés Arrúa Brítez, socio de la empresa BH Services, y quien aparece como copropietario de la residencia del diputado cartista Esteban Samaniego y su esposa Patricia Corvalán (ANR-HC), sigue acaparando las contrataciones directas en la Municipalidad de Quyquyhó. El empresario está vinculado en el esquema criminal que supuestamente desvió G. 1.108 millones de la comuna administrada por la pareja de colorados cartistas, que investiga el fiscal Silvio Corbeta.
La justicia prohibió innovar y contratar en relación a la lujosa vivienda que el diputado Esteban Samaniego y su esposa, la intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán poseen en Asunción. Esto en el marco de la causa judicial por una presunta tragada de G. 1.108 millones que es investigado por el fiscal Silvio Corbeta.
Se suspendió nuevamente la audiencia preliminar de la intendenta de Quyquyhó Patricia Corvalán (ANR-HC), esposa del diputado Esteban Samaniego, y otras 13 personas acusadas por una “tragada” de G 1.100 millones de la Municipalidad de Quyquyhó. La cartista incluso solicitó permiso para ir a vacacionar al Brasil, volvió hace tres días y ya presentó otra chicana para evitar su cita con el juez Humberto Otazú.
El juez Penal de Garantías de Delitos Económicos Humberto Otazú autorizó a la intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán (ANR-HC), esposa del diputado Esteban Samaniego, procesada por una supuesta tragada de G. 338.595.000, ir por diez días a vacacionar al Brasil.
Andrés Arrúa Brítez, socio de la empresa BH Services y, Blanca Álvarez, madre del diputado Esteban Samaniego, aparecen como copropietarios de un inmueble ubicado al lado de la mansión donde reside el legislador cartista. Ambos están acusados por el fiscal Silvio Corbeta. El terreno, según Catastro, habría sido comprado en el año 2013, durante la gestión de Samaniego en Quyquyhó, mientras la empresa de Arrúa recibía millonarios pagos.