12 de julio de 2025
Los chantajistas consuetudinarios del Centro de Empresarios del Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam) no están dispuestos a abandonar su odiosa práctica. Como ya lo había insinuado su presidente, César Ruiz Díaz, al mentar hace unos días un “paro natural”, han vuelto a la carga anunciando uno artificial de 72 horas, a partir del próximo 21 de julio. Exigen, entre otras cosas, el pago inmediato de los subsidios correspondientes a mayo y junio, mientras el Gobierno asegura que está al día. Entonces, alguien miente en este culebrón. La problemática del transporte público en la Gran Asunción debe abordarse con la seriedad debida, fuera del confuso tira y afloja verbal acostumbrado. El modelo actual ya está agotado por culpa de unos “empresarios” despiadados y de unos gobiernos inoperantes que han venido tolerando sus notorias inconductas.
El funcionamiento del transporte público de pasajeros en la Gran Asunción es un drama de nunca acabar, debido a la inoperancia del Viceministerio de Transporte, de la Secretaría de Defensa del Consumidor y del Usuario y de la Defensoría del Pueblo. Quienes, por razones económicas, se ven forzados a abordar un maltrecho ómnibus repleto, tras una larga espera bajo el sol o la lluvia, sufren las consecuencias de la violación impune del marco regulatorio por parte de “empresarios” ligados a los politicastros, que hasta suelen apelar a las “reguladas” delictivas -penadas con hasta cinco años de prisión- para imponer sus descaradas pretensiones. El diario infortunio colectivo no conmueve a los responsables de los sectores público y privado, como si no pudieran ponerse en la piel de los usuarios; la cuestión de fondo radica menos en la falta de normativas o en los defectos de las teóricamente vigentes que en la insensibilidad de quienes deben cumplirlas y hacerlas cumplir.
El Estado aumentó en un 568% el subsidio al transporte público en los últimos cinco años, alcanzando G. 347.408 millones en 2024. A pesar del crecimiento en los viajes registrados, la ineficiencia del servicio sigue siendo una preocupación para los usuarios.
Desde la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (Opama) resaltan que siguen esperando que el Gobierno tome medidas inmediatas para paliar la crisis en el transporte público. La representante Gricelda Yúdice resaltó que el caso de la mujer que murió tras caer de un colectivo demuestra que los pasajeros corren riesgo a diario. “Corren peligro nuestras vidas cuando viajamos en los buses”, lamentó.
La encomiable Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (Opama), creada debido a la inacción del Viceministerio de Transporte (VMT), de la Defensoría del Pueblo y, en menor medida, de la Secretaría de Defensa del Consumidor y del Usuario, frente a los vejámenes que sufren los usuarios de ómnibus, hizo un análisis preliminar del extenso anteproyecto de ley del Poder Ejecutivo “que regula y moderniza el sistema nacional de transporte y el servicio de transporte público metropolitano de pasajeros”. Sin negar en absoluto la necesidad de la reforma y de la regulación pretendidas, el drama cotidiano del transporte de pasajeros responde menos a la insuficiencia o a los defectos de las normativas vigentes que al hecho de su inobservancia impune, según se desprende de que, por ejemplo, hasta hoy ningún “empresario” del sector ha sido tan siquiera indagado por el Ministerio Público a causa de las periódicas “reguladas” chantajistas.
Empresarios del transporte y la Municipalidad de Asunción establecieron un nuevo sistema de cobro por uso de la Estación de Buses de Asunción (EBA), exTerminal de Ómnibus. El cálculo será en función de la cantidad real de pasajeros transportados, con diferenciación entre temporadas altas y bajas.