4 de noviembre de 2025
El viejo drama del transporte público de pasajeros en la Gran Asunción persiste, sin que su conclusión esté a la vista. El último capítulo de esta penosa historia se inició el 24 de julio de este año, cuando el Poder Ejecutivo presentó al Senado el proyecto de ley que fija “la rectoría sobre el transporte terrestre” y modifica y amplía la ley “que regula el Sistema Nacional de Transporte y crea la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran) y la Secretaría Metropolitana de Transporte (SMT), relativas al servicio de transporte público metropolitano de pasajeros”. El proyecto generó numerosas posiciones encontradas, mientras su estudio avanza a paso de tortuga, como si las autoridades del Gobierno y los legisladores no quisieran meterse en camisa de once varas. Ya pasó demasiado tiempo. Es necesario apurar los pasos para que cuanto antes se busque poner fin al suplicio de los usuarios.


El Centro de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam) compartió una “polémica” comparación de gastos entre movilizarse por cuenta propia, plataformas y buses. “El transporte público sigue siendo la opción más económica”, destacó el gremio, pero esto desató una oleada de críticas.

La falta de buses, especialmente en hora pico, sigue siendo “el dolor de cabeza” de muchos usuarios del transporte público. Los lunes antes de las 07:00 es cuando más se siente, aseguran los que aguardan en la zona de la Estación de Buses de Asunción.

Pasajeros que se encontraban viajando en buses de larga distancia provenientes desde la Estación de Buses de Asunción, con destino a la Terminal de Ómnibus de Retiro y a la Terminal de la Plata, denunciaron estar varados debido a los cortes de rutas por inundaciones, que se registran en 11 distritos de la Provincia de Buenos Aires.
El funcionamiento del transporte público de pasajeros en la Gran Asunción es un drama de nunca acabar, debido a la inoperancia del Viceministerio de Transporte, de la Secretaría de Defensa del Consumidor y del Usuario y de la Defensoría del Pueblo. Quienes, por razones económicas, se ven forzados a abordar un maltrecho ómnibus repleto, tras una larga espera bajo el sol o la lluvia, sufren las consecuencias de la violación impune del marco regulatorio por parte de “empresarios” ligados a los politicastros, que hasta suelen apelar a las “reguladas” delictivas -penadas con hasta cinco años de prisión- para imponer sus descaradas pretensiones. El diario infortunio colectivo no conmueve a los responsables de los sectores público y privado, como si no pudieran ponerse en la piel de los usuarios; la cuestión de fondo radica menos en la falta de normativas o en los defectos de las teóricamente vigentes que en la insensibilidad de quienes deben cumplirlas y hacerlas cumplir.

El Estado aumentó en un 568% el subsidio al transporte público en los últimos cinco años, alcanzando G. 347.408 millones en 2024. A pesar del crecimiento en los viajes registrados, la ineficiencia del servicio sigue siendo una preocupación para los usuarios.