La defensa legal de Alexandre Rodrigues, hijo de Eulalio “Lalo” Gómez, recusó al juez Osmar Legal en la causa que enfrenta por presunto lavado de dinero y asociación criminal. Alega que el magistrado tiene vínculos con la Embajada de Estados Unidos y la DEA que comprometen su imparcialidad.
Por medio de su abogado defensor, Juan Leandro Marques Alvarenga, uno de los 41 imputados en el caso Pavo Real Py I, denunció ante el Ministerio Público al juez Osmar David Legal Troche por supuesto prevaricato. Según consideró, el magistrado dictó de manera arbitraria sus resoluciones, violando las normas del debido proceso, al “cubrir” negligencias cometidas por la Fiscalía en el marco de esta causa.
Un Tribunal de Apelación Penal confirmó al juez Osmar Legal al frente de la causa denominada Pavo Real Py II. Esto tras rechazar la recusación planteada por el abogado Oscar Tuma, por supuestas graves irregularidades en la tramitación del caso y los procedimientos realizados. Así también, rechazó las apelaciones de la prisión a Alexandre Rodrigues y contra el bloqueo de bienes del diputado Eulalio “Lalo” Gomes, fallecido durante el allanamiento a su domicilio.
En repudio a la muerte del diputado Eulalio “Lalo” Gomes (ANR, HC), abatido por la policía en un allanamiento, la Junta departamental de Amambay resolvió hoy declarar “personas no gratas” a cinco altas autoridades, quienes responsabilizan del fallecimiento.
El representante legal de la familia del diputado Eulalio “Lalo” Gomes presentó una acusación por mal desempeño en sus funciones contra el juez Osmar Legal ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Legal fue quien firmó la orden de allanamiento, procedimiento que resultó en la muerte del legislador cartista en su domicilio.
Luis María Zubizarreta y John Gerald Matthías Gaona, presidente y accionista de Zeta Banco, procesados por presunto lavado de dinero en la causa que involucra al fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes, cumplirán medidas alternativas a la prisión, tal como solicitó el Ministerio Público. El juzgado impuso una fianza de más de G. 25 mil millones a ambos, entre otras restricciones.