12 de octubre de 2025
El juez Osmar Legal convocó para el 4 de noviembre próximo a Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del diputado fallecido Eulalio “Lalo” Gomes y único acusado en el caso “Pavo Real Py II” y también, a los banqueros con pedido de sobreseimiento definitivo. La Fiscalía pidió el 20 de agosto pasado que esta causa, relacionada a hechos ligados al narcotráfico, se eleve a juicio.
El juez Osmar Legal resolvió que otros tres procesados en el caso “Pavo Real Py I” vayan a juicio oral. Están acusados por lavado de dinero y asociación criminal, tanto por la ley de drogas y el Código Penal. De esta forma, son en total 26 personas que serán juzgadas como supuestas colaboradoras del esquema de ocultamiento de bienes de Jarvis Chimenes Pavão.
Un allanamiento se cumplió hoy en la oficina de la escribana Wilma Gómez en Pedro Juan Caballero. La operación fue encabezada por el fiscal de lucha contra el crimen organizado Andrés Arriola y los intervinientes incautaron varios documentos relacionados con transacciones, así como bienes adquiridos y transferidos por los Gomes. Pueden ser determinantes en la investigación.
La audiencia preliminar para otros tres acusados en el caso Pavo Real Py se retomará el próximo 3 de julio, luego de que el juez Osmar Legal haya sido confirmado en la causa. Los mismos, según la Fiscalía, habría colaborado en el esquema de lavado de dinero y ocultamiento de bienes en favor de la estructura del capo narcotraficante brasileño Jarvis Chimenes Pavão.
El juez Osmar Legal rechazó una acción planteada por el abogado Oscar Tuma, representante de la familia del extinto diputado Eulalio “Lalo” Gomes. Es sobre los bienes del legislador fallecido, pues el magistrado declaró la extinción de la acción penal contra Gomes, pero no levantó las medidas sobre sus inmuebles. Ahora un Tribunal de Apelación debe resolver al respecto.
El juez Osmar Legal dio intervención a la Senabico y decretó medidas sobre tres estancias registradas a nombre del extinto legislador Eulalio “Lalo” Gomes. La Fiscalía hizo el pedido ante el riesgo latente de frustración con la modificación del estado de estas, teniendo en cuenta que también son parte de la investigación por lavado de dinero del narcotráfico.