
J. AUGUSTO SALDIVAR. El concejal municipal de este distrito, Christian Domínguez (PRF), denunció la existencia de obras fantasmas y la inacción de la fiscalía para la investigación. Desde el 2022 existen causas paralizadas sobre supuesta lesión de confianza. La administración del jefe comunal, Diego Alonso (PLRA), destinó casi G. 3 mil millones para la reparación de calles, pero la mayoría se encuentra intransitable. El titular comunal asegura que se hicieron los trabajos.


El Ministerio Público presentó hoy sus alegatos finales y solicitó que el exgobernador de Central Hugo Javier González Alegre (ANR - cartista) sea condenado a 8 años de cárcel por presuntamente liderar un esquema delictivo que fue montado en la Gobernación para el desvío de G. 5100 millones los fondos de emergencia, en el año 2020.

El ex intendente de Arroyito Samuel González Valdez (ANR) debe presentarse ante la justicia para cumplir su condena de 5 años de cárcel, por lesión de confianza y uso de documentos no auténticos. El político desvío recursos del Fonacide y de royalties, para inversión en supuestas obras comunitarias que resultaron ser fantasmas.

El exconcejal del departamento Central y actual diputado Adrián “Billy” Vaesken afirmó en el juicio oral al exgobernador Hugo Javier González (ANR - cartista), que durante su administración el “número 2″ consintió la creación de toda una “industria del desvío de fondos públicos” en la Gobernación. Calificó al acusado como “bueno y boludo”.

El caso de obras “fantasmas” en el que está procesado el exgobernador del departamento Central, Hugo Javier González (ANR-HC), vuelve a ser noticia porque el juicio contra el exanimador está en su etapa inicial. Al respecto, el exconcejal departamental y actual diputado, Billy Vaesken (PLRA) recordó y se reafirmó en las denuncias presentadas en relación al presunto mal uso de los fondos Covid.

Al inicio del juicio oral y público por el caso obras “fantasmas” en Central, la defensa del exgobernador Hugo Javier González Alegre ratificó que la institución departamental no sufrió daño alguno en su patrimonio, ya que “las obras están”. Según la acusación fiscal, la Gobernación sufrió un perjuicio de G. 5.105 millones, por la malversación de los fondos covid.