obras

Con la Ley Nº 7452/2025 como nuevo marco y dos proyectos viales de escala en ejecución, las alianzas público‑privadas vuelven a marcar la hoja de ruta. El desafío es concreto al buscar sostener inversión sin desordenar las arcas del Estado, y con contratos lo suficientemente exigibles como para que el servicio se cumpla a largo plazo.

El presidente de Cavialpa, Paul Sarubbi, dijo que el mecanismo de factoraje, con garantía soberana, que prevé aplicar el Gobierno para pagar su deuda con las constructoras, podrá dar liquidez a las empresas para salvar sus compromisos, pero advirtió que deben ejecutarse las obras conforme a la disponibilidad presupuestaria. Esto para evitar un mayor endeudamiento del sector, por lo que instó a que se licite lo que puede pagarse.

Los gremios Capaco y Cavialpa se reunieron ayer con autoridades del Ejecutivo para analizar la deuda de unos US$ 360 millones con las empresas del sector. Confirmaron que el Gobierno prevé aplicar el factoraje, mediante el cual las empresas podrán acceder a US$ 150 millones cediendo una parte de las deudas pendientes a los bancos, pero esta vez con garantía soberana. El Gobierno anterior de Mario Abdo Benítez ya había recurrido a una estrategia similar para evitar la paralización de las obras.

El MOPC avanza con el soterramiento de casi 3 km de líneas de alta tensión en la Costanera Norte de Asunción, que sigue sin concluir. Financiada por el Banco Mundial por US$ 105 millones, forma parte del “Proyecto Resiliencia Urbana de la Franja Costera”, que prevé la recuperación del Parque Caballero, construcción de viviendas y recuperación del centro histórico, y revitalización del Banco San Miguel, que siguen sin avanzar.

Vecinos del barrio San Pablo denuncian que las obras viales y de desagüe pluvial no avanzan pese a los plazos anunciados. Calles intransitables, falta de señalización y al menos dos accidentes de tránsito marcan el cierre del año en la zona.