La salida procesal que obtuvo el entonces diputado colorado José María Ibáñez, quien fue acusado por la fiscalía por pagar con dinero del Estado a sus “caseros de oro”, y la leve pena dictada contra el exsenador por la ANR Víctor Bogado, por el caso de su “niñera de oro”, son casos cuestionados a la Justicia por el mensaje que brindó ante el mal uso de los fondos públicos.
La condena en el caso conocido de forma mediática como “Niñera de oro” quedó firme en octubre de 2020 y, recién dos años después, el exsenador colorado Víctor Bogado comenzó a cumplir la pena que le fue impuesta consistente en la donación de G. 20 millones, durante 24 meses como resarcimiento del daño causado.
Un Tribunal de Apelaciones rechazó la recusación planteada por la defensa y confirmó a la jueza de Ejecución que debe hacer efectiva la condena del exsenador Víctor Bogado por el caso de su “niñera de oro” Gabriela Quintana. El exparlamentario debe pagar G. 480 millones a diez entidades de beneficencia para no ir a la cárcel.
El exsenador Víctor Bogado (ANR, cartista), condenado por el caso “niñera de oro”, denunció ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) a la jueza que ordenó su detención por rebeldía en la querella que tiene la diputada Celeste Amarilla (PLRA). En cuanto a las chicanas de su sentencia, dijo que visitará el Senado para saber si aceptan su propuesta de chantaje, es decir, reintegrarlo a cambio de no demandar al Paraguay ante la CIDH.
El exsenador Víctor Bogado, condenado en 2019 por el caso de la “Niñera de Oro”, se presentó este miércoles en el Congreso en calidad de asesor para entregar una donación de herramientas tecnológicas a TV Cámara, y habló sobre su exigencia de recuperar su banca en el Senado. Sostuvo que quiere que se le devuelve su curul en forma testimonial y asegura que renunciará en el acto, con la condición de que se lo reivindique en forma simbólica con esta acción.
El exsenador colorado Víctor Bogado sigue chicaneando para no cumplir la condena por el caso de su “niñera de oro”. Su defensa presentó hoy una acción de inconstitucionalidad contra la decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que rechazó el recurso de revisión de la pena, que había planteado.