La exjueza en lo Civil y Comercial de la Capital Tania Carolina Irún Ayala afrontará juicio oral y público por presunto prevaricato en la entrega de 310.000 hectáreas de tierras, ubicadas en la zona de seguridad fronteriza, en el Chaco. La defensa solicitó su sobreseimiento definitivo, pero el juzgado rechazó el incidente.
A partir de hoy y hasta el 27 de octubre se desarrollará la segunda edición del festival de unipersonales de las artes escénicas “Añandu”, con la reunión de cinco espectáculos dedicados a un solo cuerpo en escena de teatro, danza y circo. Todas las funciones serán en Sala La Correa (Gral. Díaz 1163). El acceso es libre y gratuito, pero la producción sugiere un aporte solidario de G. 10.000.
En el marco de las investigaciones de un posible daño patrimonial de G. 2.173 millones en la INC, la fiscala Natalia Fuster inició las tareas de peritaje en la planta de Vallemí para verificar una “inversión” realizada durante la administración de Ernesto Benítez, expresidente de la estatal.
Los fiscales Natalia Fúster y Néstor Coronel presentaron recusación en contra de una de las juezas que integra el Tribunal de Sentencia que tendrá a su cargo el nuevo juicio oral contra el ex ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat Dany Durand Espínola, en la acusación que afronta por declaración jurada falsa. En el primer judicial el ex diputado colorado fue absuelto, pero la Cámara de Apelaciones anuló el fallo.
Desde mayo último, la Fiscalía investiga un posible daño patrimonial de G. 2.173 millones en la INC, luego de que la Contraloría haya reportado indicios de hechos punibles en la ejecución de la última parte de los bonos soberanos, concretamente para el montaje del ventilador tiro de horno de Vallemí. Otra causa está abierta desde hace casi 4 años, pero el fiscal de la causa sigue sin imputar a nadie.
Luego de varios intentos finalmente se inició este viernes el juicio oral y público, con relación a la pena del extitular del Indert Justo Pastor Cárdenas Nunes. En el primer juicio el ex alto funcionario fue hallado culpable de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, y condenado a 4 años de cárcel. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones anuló los años de pena y ordenó aumentar el tiempo de condena.