Diana Vargas, especialista en Derechos Humanos, mencionó que con el proyecto de ley aprobado en Diputados que declara la “muerte civil” al objetor de conciencia al Servicio Militar Obligatorio (SMO) aparentemente se buscaría legalizar un cobro irregular que viene aplicando la Defensoría del Pueblo, incluso a quienes gestionaron su carnet de objetor posterior al 2010.
Según informes oficiales del Ministerio de Hacienda, entre el 2020 y 2021, plena crisis económica por el covid-19, la Defensoría del Pueblo, a cargo del cartista Miguel Godoy, recaudó por pago de carnet de objeción de conciencia G. 1.823 millones. El polémico proyecto de ley que declara la “muerte civil” del objetor de conciencia triplicará los ingresos de la institución.
Un grupo de 34 diputados colorados, liberales y un independiente prefieren obligar a los objetores de conciencia al Servicio Militar antes que realizar un servicio civil o pagar una “contribución” de G. 440.225 antes que castigar a sus colegas “raboneros”.
La Cámara de Diputados aprobó un polémico proyecto de ley que declara la “muerte civil” a los objetores de conciencia que no cuenten con su carnet de objetor al servicio militar obligatorio y otorga un poder de recaudación al defensor del pueblo, Miguel Godoy.
La Cámara de Diputados aprobó un polémico proyecto de ley que declara la “muerte civil” a los objetores de conciencia que no cuenten con su carnet de objetor al servicio militar obligatorio y otorga un poder de recaudación al defensor del pueblo, Miguel Godoy (ANR, HC). El proyecto pasa a consideración del Senado.