La intendenta de Valenzuela Mirtha Fernández (PLRA) fracasó en su intento de suspender su audiencia preliminar y deberá acudir ante el juez Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, el jueves 6 de marzo. La jefa comunal está acusada por un supuesto daño patrimonial de G. 1.199 millones durante su gestión en el 2019.
Seis jefes comunales fueron salvados de una intervención durante este primer año de gestión de la Cámara de Diputados. De este paquete dos intendentes están acusados por lesión de confianza y esperan el juicio oral, uno es investigado por la fiscalía y dos tienen denuncias ante el Ministerio Público.
La intendenta de Valenzuela (Cordillera), Mirtha Fernández (PLRA), sigue sin rendir cuentas a la Junta Municipal y esa situación fue comunicada al contralor general de la República, Camilo Benítez, mediante la resolución Nº 180/2024. Asimismo, piden que el ente contralor bloquee el envío de los recursos estatales para resguardar el dinero público, teniendo en cuenta que la jefa comunal está acusada por el Ministerio Público de lesión de confianza y asociación criminal porque supuestamente malversó G. 1.200 millones.
La intendenta de Valenzuela, Mirtha Fernández (PLRA), y otros doce acusados por lesión de confianza y asociación criminal deben comparecer mañana ante el juez José Agustín Delmás a las 8:00.
Cuatro intendentes del Partido Colorado no rindieron cuentas de los millonarios recursos que recibieron en concepto de royalties durante el 2023, según consta en la planilla publicada por la Contraloría General de la República (CGR). Por otro lado, lo hicieron de manera tardía tres intendentes del Partido Liberal y otros tres intendentes colorados.
La intendenta de Valenzuela (Cordillera) Mirtha Fernández (PLRA) no presentó su rendición de cuentas de ejecución presupuestaria del 2022 ante la Junta Municipal y hasta ayer seguía sin presentar su rendición de cuentas del 2023. Si bien tiene tiempo para entregar el documento del 2023 hasta el 31 de marzo, según lo que establece la ley Orgánica Municipal, los concejales se mostraron asombrados que en el último informe de la Contraloría General de la República (CGR), la gestión municipal aparezca como que ya remitió todos sus documentos ante el ente contralor.